El Grupo Clarín festejó durante el último fin de semana los fallos de la justicia que dilatan la aplicación de algunos artículos de la Ley de Medios. Pero la batalla judicial continúa: ahora apuntan contra el fiscal de la causa, quien consideró que la norma aprobada por el Congreso hace tres años no es inconstitucional.
Fernando Uriarte, titular de la Fiscalía Nacional en lo Civil y Comercial Federal 5, pidió ayer al juez Horacio Alfonso que desestime el planteo de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Clarín en el que se impugna los artículos 41, 45, 48 y 161 del texto de la ley, porque, en su opinión "no conculcan los derechos constitucionales de propiedad y de comercio" de la empresa.
El Grupo Clarín salió al cruce de Uriarte, al afirmar que su opinión "abunda en consideraciones políticas" y "desconoce la implicancia que los artículos impugnados tienen para la libertad de expresión". Además, sostuvo que el funcionario judicial "omite violaciones constitucionales flagrantes".
En un comunicado, la empresa señaló que el dictamen le quita "sustentabilidad a los medios independientes", al "avanzar contra sus licencias y favorecer la multiplicación de voces oficiales y paraoficiales, dependientes del dinero, los subsidios o los negocios estatales".
"La mejor prueba de este riesgo está dada por la conducta estatal: una brutal escalada de hostigamiento contra las voces críticas y una incesante colonización del sistema mediático con el fin de instalar el unicato comunicacional oficial, que ya supera 80% de los canales y radios de la Argentina", agregó el comunicado del grupo empresario cuyo CEO es Héctor Magnetto.
El dictamen, en opinión de Clarín, "desconoce toda la prueba producida, proveniente de documentos y pericias oficiales, que acreditan que las arbitrarias limitaciones de la Ley a las licencias de cable y a la producción de señales audiovisuales vulneran la libertad de expresión, porque ninguna de ellas utiliza espectro radioeléctrico y por lo tanto son de libre creación y están amparadas por el artículo 14 de la Carta Magna".
"También desconoce que la misma prueba consideró absolutamente irrazonable (e inédita en el mundo) la incompatibilidad entre licencias de televisión abierta y cable, así como la discriminación entre la cobertura del cable (24 localidades) y la de sus competidores directos (2.200 localidades)", agregó
La empresa adujo también que "ambas disposiciones conspiran contra la viabilidad de los grupos dedicados exclusivamente a la comunicación y benefician a aquellos grupos vinculados a negocios con el Estado, que no tienen restricciones (concesionarios de obras públicas, petróleo, energía, casinos, minería, etc.). También benefician a los grupos extranjeros, que no tienen estos límites, permitiéndoles economías de escala y menores costos, lo que ahoga la competencia y favorece, por ejemplo, al monopolio telefónico".
Además, señaló que la opinión del ministerio público no toma en cuenta que "la misma objeción constitucional alcanza al límite de 35% de cobertura, que sólo rige para los medios privados, favoreciendo que la única voz con alcance nacional sea la voz oficial. En el caso del cable, este límite resulta discriminatorio y no rige en la legislación comparada. Pero el dictamen obvia estas consideraciones".
"El dictamen llega al extremo de desconocer que las licencias de los medios de comunicación son un derecho esencial para el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que quitarlas afecta directamente ese derecho", completó el comunicado.
Al respecto, explicó que, de esa manera, "pretende justificar la aplicación retroactiva del nuevo régimen de licencias, desconociendo los derechos adquiridos sobre licencias de Cablevisión o Artear, que tienen varios años por delante. El fiscal incluso llega al punto de sostener que las licencias del Grupo Clarín 'no están consolidadas', y a decir que no se adecuaban a la ley anterior. Esto es falso".
"El Gobierno recibe el pago del gravamen por esas licencias, con lo que no puede desconocer su propiedad", completó el comunicado de Clarín. También recordó que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en su resolución SCI 257 de 2007, aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal "expresando justamente que la misma no sólo no afectaba la libre competencia, sino que era beneficiosa para el interés general, pues iba a permitir incrementar las inversiones, ampliar las prestaciones, mejorar la calidad del servicio y optimizar la ecuación costo-beneficio para los usuarios".
"Del mismo modo, el fiscal omite mencionar que la propia Comisión Nacional de Defensa la Competencia reconoció que los mercados de cable y TV abierta no compiten entre sí, por lo que la ley en este punto también resulta arbitraria", concluyó.
