El Gobierno enviará hoy el proyecto de reestatización a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso, para que ésta apruebe la operación acordada con el grupo Marsans. Después de eso, se necesitará el visto bueno de los accionistas en España, donde Marsans enfrenta un juicio del Estado por desvío de fondos para la operación de Aerolíneas.
Por eso, los dueños del grupo accionario, Gonzalo Pascual Arias y Gerardo Díaz Ferrán, llegarán hoy a Buenos Aires para firmar el convenio de traspaso de las acciones con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Por su parte Julio Alak, ex intendente de La Plata, ya fue designado como interventor de la compañía, al menos durante el período de 60 días que el gobierno y Marsans acordaron para el traspaso.
Cuando las aerolíneas ya estén en manos estatales, "la incorporación de capitales privados será el horizonte una vez que se ponga en valor a las empresas", afirmó el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien aclaró que la "incorporación se hará a través de un proceso de licitación nacional e internacional". No se descarta, sin embargo, que el Estado termine gestionando la empresa como lo hizo en el caso de AySa.
Aerolíneas Argentinas y Austral concentran el 80% de los vuelos de cabotaje del país y tienen una deuda de 890 millones de dólares, de los cuales unos 240 millones son de corto plazo. Los costos operativos agregan pasivos por otros U$S 30 millones al mes, según cálculos del Gobierno, que aportó 50 millones de pesos la semana pasada para comprar repuestos y así poner a funcionar algunas naves que estaban detenidas.
Sólo 32 aviones de los 56 de ambas flotas están en condiciones de volar, según una fuente sindical, pero "en las próximas horas se agregarán dos o tres aviones más en servicio", prometió Jaime. "Hay un plan de recuperación de equipos para que se pueda cumplir con toda la programación. En el caso de vuelos regionales e internacionales se habló con otras empresas para hacer códigos compartidos o transferencia de pasajes", explicó el funcionario.
" Si se confirma que esto es un negociado para cubrir la deuda de 1000 millones de dólares va a haber elementos para cuestionar la operación y las nuevas condiciones que hay en el Congreso van a permitir debate más ajustado", dijo a DyN el legislador y economista de la CTA, quien agregó que "tenemos que ver si estamos ante una tradicional operación de estado bobo que luego de permitir que vaciaran la empresa vuelve a correr con la deuda para dársela a otro privado".
Lozano advirtió que "todos sabemos que la aeronavegación es una actividad que requiere de subsidio estatal y por la experiencia vivida no tiene sentido seguir poniendo recursos, sino mantener el control" y recalcó la necesidad de "saber si se justificó la intervención de la empresa por parte del Estado, o si no hubiera sido mejor dejarla quebrar" para que el grupo Marsans asumiera la deuda.
Fundada en 1950, Aerolíneas Argentinas fue privatizada en 1990, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando quedó a manos de Iberia. La pésima administración generó un pasivo que obligó a venderla a Marsans en 2001. El Estado español lleva invertidos al menos 2.217 millones de euros en la empresa, según afirma el diario local ABC.
Fuente: DyN y AFP
