Un refrán dice que para los hombres los males nacen de los bienes cuando no saben administrarlos ni utilizarlos convenientemente. Así parece ser para Mauricio Macri, a quien el poder de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le restó en lugar de sumarle parte de la popularidad de que gozaba mientras era una promesa de la “nueva política”.
Ahora el juez Oyarbide lo citó a declaración indagatoria para dentro de dos semanas y podría ser procesado por participar en una asociación ilícita dedicada a escuchas telefónicas. Si eso sucediera, la Legislatura podría hacerle juicio político. Y si fuera condenado, su carrera política ya no sería una preocupación: iría a la cárcel por un delito no excarcelable que tiene una pena de tres a diez años.
La estrategia judicial de Macri fue argumentar que ignoraba las tareas de espionaje que realizaban Ciro James y su primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios. Pero la incorporación de Ciro James como empleado de la Ciudad fue la única que no figuró en el Boletín Oficial. Otro talón de Aquiles de Macri son las escuchas realizadas a su cuñado, Daniel Leonardo. Su excusa: que fueron ordenadas por su padre a una empresa privada que subcontrató a James.
Pero la excusa o coartada podría quedar superada si se comprobara, como reveló la revista Noticias, que también el teléfono de su ex mujer, Isabel Menditeguy, había sido pinchado por Ciro James, como filtraron fuentes cercanas a la Policía Federal, enfrentadas con Macri por la Metropolitana, que tendrían esas pruebas y las presentarían en el momento que produzcan mayor daño.
Puede ser una fantasía echada a rodar por sus adversarios, que se hace verosímil porque en su juicio de divorcio Menditeguy reclamó 25 millones de dólares, pero de ser cierto la centroderecha se quedaría sin un candidato a presidente en 2011, mientras Reutemann no se decide y De Narváez probablemente no pueda.
