Como en Jujuy, García Moritán propone prohibir los piquetes con una reforma de la Constitución porteña
El legislador de Republicanos Unidos también propone el arancelamiento del servicio de salud para los no residentes legales de la ciudad.
Roberto García Moritán: "Algunas postulaciones son a destiempo y desproporcionadas" |
CEDOC
El legislador porteño por Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, presentó un proyecto de ley que busca reformar la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en múltiples puntos. Similar a la reforma jujeña que desató un alto nivel de conflictividad social, este proyecto busca la prohibición de los piquetes para proteger la “libertad para circular”.
Con el objetivo de asegurar “la convivencia democrática pacífica”, García Moritán propone “la prohibición de cortes de calles, cortes de autopistas y otras perturbaciones a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Ciudad”.
Asimismo, buscará “la regulación de las manifestaciones”, bajo la creencia de que: “Debemos tener presente que sin orden no hay derechos ni libertad, ni siquiera el derecho a reclamar”.
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García Moritán detalló: "El modelo que propongo es la Ciudad de la convivencia, de la Libertad: libertad para expresarte, libertad para circular, libertad para trabajar y para emprender. Por eso presenté un proyecto de reforma constitucional para terminar con los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires y diseñar una Ciudad que nos haga la vida más fácil frente a las complejidades de los tiempos actuales".
En un mismo lineamiento, el gobierno de Jujuy, con el voto de los 29 representantes oficialistas ratificó la “prohibición de cortes de ruta” en el marco de protestas, en un artículo que también impedía la ocupación de edificios públicos en el marco de los reclamos sociales y gremiales.
“Los desafíos a 40 años de la sociedad jujeña tienen que ver con nuevos derechos. Se ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo”, sostuvo Gerardo Morales al defender la reforma que desembocó en protestas sociales, represión policial y los cortes de rutas que aún continúan.
Paralelamente, el proyecto del legislador García Moritán propone facilidades para el desalojo, priorizando la prioridad privada. Así, buscará aprobar “una ley especial” que establecerá las condiciones para el desalojo y “garantizará que los propietarios afectados puedan ejercer sus derechos de manera inmediata, incluso si los ocupantes no autorizados pretenden representar al pueblo o reclamar derechos”.
El arancelamiento de la salud para no porteños
El proyecto de reforma que presentó García Moritán entiende que “el gasto público en salud es una inversión social prioritaria”. Sin embargo, propone que el servicio sea arancelado para cualquier persona que no pueda demostrar su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que un paciente extranjero o de cualquier otra ciudad de Argentina accediendo a la salud implica “injusticias ante los contribuyentes porteños”.
“La Ciudad de Buenos Aires posee una amplísima tutela del derecho a la salud que resulta ejemplar a nivel país. Sin perjuicio de ello, el actual diseño normativo ha llevado a que se cometan múltiples injusticias ante los contribuyentes porteños”, afirma el proyecto del político de Republicanos Unidos.
“La gratuidad que estipula la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su art. 20, de ninguna manera debe ser interpretada como un cheque en blanco para que cualquier persona de cualquier país saque provecho de la atención médica proveída por los recursos públicos de los porteños”, distingue García Moritán.
En conclusión, afirmó: “Esto implicaría subsidiar injustamente a personas no residentes de la República Argentina sin que hubiera siquiera una exigencia mínima de reciprocidad. Por ello, proponemos reglas claras para el ejercicio del derecho a la salud por parte de quienes no residen en nuestro país”.
Las propuestas en seguridad, transporte y educación
El proyecto de García Moritán plantea al transporte de pasajeros, la recolección de residuos y la educación como un “servicio público esencial”. Respecto al transporte, destaca el derecho de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de la Ciudad”.
En cuanto a la educación, planteó: “Inspirada en los principios de respeto y valoración de la libertad, formando personas capaces de autorrealizarse plenamente, trabajar y participar activa, solidaria y democráticamente en el desarrollo del país”.
García Moritán también buscará que el objetivo principal en la economía sea “la defensa de la competencia”. De esta manera, las autoridades “deberán remover las barreras que restrinjan la libre competencia y evitar que, por acción u omisión, se restrinja el libre desarrollo empresarial”.
Mientras que el proyecto buscará arancelar la salud para los no residentes, también destaca lo propio con la Justicia. “La ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos”, postula y aclara que el acceso a la justicia en ningún caso puede ser limitado por razones económicas, para los habitantes de la capital.
Por último, el documento presentado afirma que “la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado”, pero también se asevera que “debe garantizarse a los ciudadanos la facultad de defensa propia”.
Sobre el proceso de reforma constitucional
En caso de que el proyecto se convierta en ley, la Ciudad debería convocar a la elección de los convencionales. Quienes resultan electos como convencionales -con las disposiciones del Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 6031), y utilizando el padrón electoral empleado para la elección del 12 de septiembre de 2021-, debaten y aprueban reformas.
La tarea de los convencionales constituyentes no es remunerada, aunque sí disponen de todos los derechos inherentes a los diputados porteños. Los ciudadanos que resultan electos pueden tomar licencia con goce de sueldo de sus trabajos. Por otra parte, deben finalizar su labor en el plazo de 45 días, aunque en caso de necesidad podrían prorrogar su mandato por 30 días. El cargo de representante es incompatible únicamente con el de miembro del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
