Tras dos semanas de receso, el lunes se reanudará la actividad judicial. Así, para el segundo semestre se espera que avance la instrucción de varios expedientes claves para la actual gestión y comiencen debates que involucran a miembros de la administración kirchnerista, incluída CFK. En tanto que otros juicios que ya están en trámite avanzarán en sus tramos finales. Entre ellos el del encubrimiento del atentado a la AMIA, el de Ciccone, con el ex vicepresidente Amado Boudou como principal acusado, y el de la tragedia de Once, que tiene en el banquillo al ex ministro Julio De Vido.
En Comodoro Py, por estos días, las miradas están puestas en la causa de supuestos aportantes truchos de Cambiemos, que tramita en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. El magistrado ordenó varias medidas en el caso, entre ellas que se tome testimonio a 50 damnificados por el caso, que figuran como aportantes a las campañas del oficialismo. En ese expediente se presentó ayer la ex legisladora Margarita Stolbizer y aportó nuevos nombres de personas y empresas. En tanto que para el lunes se espera que la ONG La Alameda, quien denunció el caso tras un informe de El Destape, presente nuevos datos de aportantes “truchos”. Por el tema hay también una investigación preliminar en la fiscal de Jorge Di Lello y otra, tras una denuncia de la legisladora Teresa García, del Frente para la Victoria (FpV), en el juzgado de Ernesto Kreplak, en La Plata.
El segundo semestre también deparará novedades en los expedientes locales de la brasileña Odebrecht, tanto en el caso del soterramiento del tren Sarmiento, como en el de la construcción de las plantas potabilizadoras de Aysa, habrá indagatorias. En el primero, ya comenzaron a presentarse varios ex funcionarios, y para agosto se espera la declaración indagatoria de Ángelo Calcaterra, ex dueño de IECSA, constructora que participó de la obra, y primo hermano del presidente Mauricio Macri. En tanto que en el segundo serán indagados, ante la hipótesis de sobornos vinculados a las contrataciones públicas desde De Vido, José López y Roberto Baratta, por el ex Ministerio de Planificación hasta Jorge “Corcho” Rodríguez. Y deberán ampliar sus indagatorias, empresarios como Aldo Roggio y Tito Biagini, y el ex director de Aysa, Carlos Ben. Ese expediente es el más adelantado del capítulo argentino del escándalo brasileño, con avances que fueron tanto en la pata de los funcionarios como en la de los empresarios.
En cuanto a indagatorias, también estaban previstas para realizarse a partir de este martes las del titular de la ANSES, Emilio Basabilbaso, entre otros funcionarios de la actual gestión, pero el juez Claudio Bonadio las suspendió ayer. Adujo sobrecarga de trabajo y no puso, por ahora, nueva fecha de realización. El magistrado habló de "un cúmulo de tareas y actuaciones en el tribunal" y detalló que su juzgado acababa de terminar el turno policial, “con una importante cantidad de detenidos".
Para el Ejecutivo significó un alivio, porque se trata de un expediente sensible, en el que se investiga la venta de la participación del Estado en Petrobras a Pampa Energía, de los hermanos Midlin, cercanos al presidente Mauricio Macri.
En el banquillo:
En cuanto a juicios, se espera que se resuelva el de Ciccone, atravesado por la recusación del juez Pablo Bertuzzi, por parte de la defensa de Boudou, porque el magistrado busca convertirse en camarista y eso está en manos del Ejecutivo.
Durante el segundo semestre también se conocerán los veredictos en el juicio por la tragedia de Once, en el que está acusado el ex ministro Julio De Vido y el del encubrimiento del atentado a la AMIA, en el que entre sus trece imputados está, el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, y los ex fiscales, Eamon Müllen y Juan José Barbaccia, cuyas defensas comenzarán a alegar el próximo lunes.
En tanto que se espera que comiencen dos juicios contra Lázaro Báez. El santacruceño, detenido desde abril de 2016, llegará a juicio por la ruta del dinero K y por los sobreprecios en obra pública, donde estará sentado junto a CFK, De Vido y José López, quien también tiene su propio debate. Comenzó en junio y es por enriquecimiento ilícito, tras haber sido encontrado con bolsos con casi 9 millones de dólares, en un convento de General Rodríguez.
