Tras una jornada maratónica, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó el presupuesto 2023, propuesto por Axel Kicillof, por casi 7 billones de pesos. De igual forma, el visto bueno a la ley presupuestaria requirió de un gran consenso y varios acuerdos con la oposición.
En simultáneo, se aprobó la Ley Impositiva prevé un aumento del Impuesto Inmobiliario, el Rural y Urbano del 60% para 2023. De igual forma, esta cifra está por debajo de la inflación proyectada, por lo que supone una reducción en términos reales para el 90% de los contribuyentes.
El gobierno bonaerense pretendía fijar la creación de 7 mil nuevos puestos de trabajo para agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Sin embargo, Juntos por el Cambio se opuso a esta decisión, puesto que alegó que Kicillof no tenía la autoridad para dar de alta a tantas personas de inmediato.
Por esto mismo, se acordó que se votaran solo 2.500 cargos para el área mientras que se darán de alta cuando surjan las vacantes. El presupuesto bonaerense prevé un déficit primario de 81 mil millones de pesos y financiero de 249 mil millones.
El presupuesto para los municipios de la Provincia de Buenos Aires
Uno de los principales puntos de conflicto fue la fórmula Coeficiente Único de Distribución (CUD), ya que los municipios más pequeños y aquellos que se encuentran bajo una gestión opositora sostenían que “perdían” en el reparto de los fondos.
De esta manera, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio acordaron tratar una nueva ley para la modificación del CUD. Este porcentaje contempla el Fondo de Infraestructura Municipal, así como los aportes coparticipantes que otorga la provincia a las 135 comunas.
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Al respecto, el senador provincial oficialista Marcelo Feliú aseguró que “inversión en capital se incrementa por el fondo para los municipios, 45.500 millones para obras municipales y 11 mil millones para seguridad”, de acuerdo con la información de Télam.
Otra de las discrepancias se formó en Diputados por las asignaciones familiares a los empleados municipales, ya que muchos sindicatos manifestaron que el presupuesto intentaba darle a los intendentes “la prerrogativa de abonar las asignaciones por hijo menor a la que se abona a nivel nacional”. Para terminar con el conflicto, se excluyó este punto del tratamiento de la ley.
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