La Cámara Federal de Casación Penal ordenó hoy reabrir una investigación penal por uso de autos oficiales contra el ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, detenido desde principios de abril, y el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, en un fallo donde se citaron palabras del ex presidente Néstor Kirchner contra la corrupción.
Según indicaron a DyN fuentes judiciales, la Sala III de la Casación revocó un sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez Sebastián Casanello y refrendó a fines del año pasado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación.
Uno de los jueces fundamentó la reapertura de la investigación contra estos ex funcionarios en palabras del ex presidente Néstor Kirchner cuando en 2004 "reclamara al parlamento argentino, el otorgamiento de rango Constitucional a la 'Convención Interamericana contra la Corrupción'" y sostuvo allí que "ningún derecho humano puede ser efectivamente garantizado cuando el Estado se convierte en un instrumento de corrupción".
Por impulso del fiscal Diego Velazco, los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani hicieron lugar (por mayoría) al recurso, resolvieron "casar" el fallo de la Cámara Federal y ordenaron remitir las actuaciones al juez Casanello, "quien deberá imprimir a este proceso urgente trámite para no dilatar más la definición procesal de los enjuiciados en esta causa".
Se trata de dos resoluciones, en términos similares, en donde se analizó la situación de Jaime y de Uberti -quien se hizo famoso por el escándalo de la valija con dólares del venezolano Guido Antonini Wilson-, y se dio por tierra con los sobreseimientos que los había beneficiado el año pasado.
Jaime estaba imputado en dos expedientes donde se investigaba el uso de dos autos oficiales para uso propio y el fiscal Carlos Rívolo lo acusó de "peculado", pero Casanello entendió que el delito se encuadraba en la figura de "malversación", que tiene una pena menor.
En tanto, Uberti fue denunciado en 2011 porque tenía a su cargo un vehículo Honda Civic destinado al control de una ruta con peaje, pero el auto habría estado a disposición de Jaime con un chofer y hasta se lo habría dejado en una playa de estacionamiento cercana a su casa, según la acusación, mientras que otro segundo rodado, que era para supervisar obra pública ferroviaria, tampoco habría sido usado para esos fines.
A criterio de Casanello y de la Sala I de la Cámara Federal, el delito de malversación estaba prescripto, pero Casación -en una votación dividida- sostuvo lo contrario.
Tras citar palabras de Néstor Kirchner en 2004 ante el Congreso, Gemignani remarcó que "las razones que fundamentan la extinción de la acción penal por prescripción de los delitos en los que el Estado no ha podido investigar y sancionar eficazmente a sus eventuales responsables en un tiempo prudencial, resultan incompatibles -al menos- con aquellos casos en que los delitos fueron cometidos por quienes justamente pertenecen a ese sistema que fracasó en su persecución, esto es, a los funcionarios públicos".
Por su parte, Catucci sostuvo que "sin argumentos serios" tanto Casanello como dos de los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal -en alusión a Eduardo Freiler y Jorge Ballestero- tuvieron "un significativo cambio de calificación del mismo hecho investigado" que terminó favoreciendo a los imputados.
"La lectura de esos anticipos de enfoque penal sin avanzar en la pesquisa del hecho y desprovistos de contenido jurídico serio, y fundado sólo en la voluntad de quienes juzgaron de esa manera, impone advertir de la arbitrariedad de lo decidido", argumentó.
Tras añadir que "la doctrina aplicable" obliga a imponer "la calificación más grave en cuyo mérito la acción penal está vigente", Catucci remarcó que "los hechos se habrían cometido entre los años 2004 a 2007, habiendo cesado Uberti en la función pública el 8 de agosto de 2007, y el coimputado Jaime el 1° de julio de 2009, el primer llamado a prestar declaración indagatoria es del 12 de noviembre de 2013, y que no se ha visto superado el plazo máximo de la pena de 10 años previsto para el delito de peculado", por lo que "el plazo legal no ha transcurrido y por ende, que la acción penal no ha fenecido".
En minoría, el juez Riggi rechazó que pueda ser delito de peculado al sostener que "si bien el vehículo Honda Civic dominio EHD-765 no fue utilizado para la finalidad que tenía establecida -supervisión de la obra en el Vial 3 de la Ruta Nacional 9-, lo cierto es que fue empleado por el acusado Jaime para realizar sus tareas como Secretario de Transporte, es decir, que no fue apartado ni sacado del ámbito de la Administración" y por lo tanto confirmó la prescripción.
