A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso Nacional vuelve a poner en debate la violencia política en la Argentina. Una iniciativa parlamentaria propone establecer el 1° de septiembre como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Política, en conmemoración del ataque ocurrido en 2022 frente a la casa de la entonces vicepresidenta.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 4380-D-2026, fue presentada por el diputado nacional Santiago Roberto y girada a la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. El objetivo es establecer una jornada de reflexión sobre las agresiones que atravesó la historia argentina, promover la convivencia democrática en el marco del Estado de derecho y facultar al Poder Ejecutivo a desarrollar actividades de concientización y prevención.
Aquel 1 de septiembre de 2022, la entonces vicepresidenta llegaba a su domicilio del barrio porteño de Recoleta cuando Fernando Sabag Montiel se acercó entre la multitud que la esperaba y le apuntó con un arma a centímetros de la cabeza. El atacante gatilló, pero el disparo no salió y luego fue reducido por personas que se encontraban en el lugar.

Por el ataque, el Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio. La pena fue unificada con una condena anterior y quedó establecida en 14 años. Brenda Uliarte, considerada partícipe necesaria, recibió una pena de 8 años y 2 meses de prisión, mientras que Gabriel Nicolás Carrizo fue absuelto.
Todavía, la Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente resolver un planteo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) para determinar si corresponde aplicar al caso el agravante de femicidio, bajo la figura de violencia de género.

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En los fundamentos, Roberto sostiene que la recuperación de la democracia en 1983 permitió consolidar un acuerdo básico entre los distintos sectores políticos, basado en que las diferencias deben resolverse dentro de las instituciones y no mediante la violencia.
Sin embargo considera que ese consenso se fue deteriorando durante los últimos años y que la discusión política quedó atravesada por distintas expresiones de violencia, discursos de odio, estigmatización y deshumanización del adversario.
A saber, en sus fundamentos, el legislador señala que retomó propuestas que habían sido presentadas anteriormente por la exdiputada Gisela Marziotta, pero que finalmente perdieron estado parlamentario o no llegaron a ser debatidas.
La discusión sobre la violencia política
La propuesta aparece, además, en un contexto en el que distintos sectores políticos volvieron a discutir sobre los discursos de odio, la confrontación política y la violencia contra dirigentes. Algunos representantes de diferentes espacios políticos también difundieron una declaración en la que reivindicaron la participación política y rechazaron la violencia como mecanismo para resolver diferencias.
Aquel documento, titulado “La democracia no admite la eliminación del adversario”, sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse mediante ideas, argumentos, participación y votos.
MV/MSS