Son tres trabajadores de toda la vida, dos padres de familia. Son gremialistas de base, muy alejados del poder sindical de los Moyano o Caló. No están afiliados a partidos políticos ni son medáticos. Sin embargo, están procesados penalmente en una o más causas promovidas por alguna empresa del Estado u organismo del Poder Ejecutivo, como la Gendarmería Nacional.
Perfil.com reunió a tres víctimas de la criminalización de la protesta social, un reclamo que inició la izquierda y que ahora se sumó la CGT de Hugo Moyano tras cruzar la vereda del kirchnerismo. Flavio Bustillo (ferrocarril Roca), Oscar Coria (Kraft) y Carlos Ruiz (Caterpillar) relatan cómo son perseguidos desde el atril de la Casa Rosada, por los popes sindicales (los tres pertenecen a gremios aliados del Gobierno) y la Justicia simplemente por manifestarse.
Un documento del Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) señalá que en el país hay 4.000 personas criminalizadas por reivindaciones sociales en todo el país. Desde 2008, el número es ascendente y el pico ocurrió en 2010, el año en el que fue asesinado Mariano Ferreyra.
El abogado de esa agrupación, Agustín Comas, señala que "cada vez que habla Cristina ya nos preparamos para ver qué cédula de notificación le va a llegar a tal o cual trabajador. Es una política de gendarme. Los juzgados sienten que tienen un aval cuando escuchan hablar a Cristina, Aníbal F. antes o Garré ahora criminalizando las protestas".
El caso extremo es la empleada del ferrocarril Roca y militante del PTS Carolina Noella Torrilla Hoppe. En diciembre de 2010, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, la acusó con nombre y apellido "Hoppe, con H" aclaró en una rueda de prensa -casi en cadena nacional-, de ser responsable de los incidentes en Constitución. Pese a que sus abogados demostraron que ella no estaba allí ese día por una licencia psiquiátrica, la causa avanzó igual. Es más, Garré culpo a otro militante de izquierda, Jorge Hospital, por los desmanes, pero este estaba detenido por la propia Policía Federal un día antes de los disturbios.
Por eso, la abogada del EMVJ y del PTS, Myriam Bregman, opina que "el caso Hoppe demuestra cómo la “criminalización de la protesta” no es una entelequia sino una política concreta orientada desde este Gobierno hacia determinados sectores, fundamentalmente el sindicalismo de base, y que es leída claramente por los jueces como una guía a seguir ante manifestaciones políticas, gremiales, sociales", asegura
Flavio Bustillo. Trabaja hace 17 años como guardatren en el ferrocarril Roca, a cargo de la sociedad estatal UGOFE, y pertenece a la Agrupación Bordó. En el 2005 fue querellado por Eduardo Taselli, el presidente del ex concesionario Metropolitano S.A., por reclamar el pase a planta permanente. Fue sobreseído, pero la Cámara Federal lo volvió procesar y ahora podría afrontar un juicio oral. Según denuncia, en 2010 fue agredido por una patota de la UGOFE.
"Hay una convivencia muy demostrada entre el Estado, estas empresas y la burocracia para atacarnos", denuncia Bustillo. Y explica que el caso judicial le provocó una ruptura de pareja y que hasta ahora no haya podido tener hijos. Eso no es lo peor: desde que lo denunciaron padece una soriasis, una patología psicosomática, que lo atacó en todo el cuerpo. Para colmo, este año fue suspendido con preaviso de despedido por hablar con CQC del pésimo estado de los trenes. Seis compañeros suyos murieron en los últimos años por esas deficiencias.
Oscar Coria. Tiene 48 años y 5 hijos. Despedido por Kraft en el conflicto de 2009 por pedir medidas de higiene en la fábrica de alimentación. Desde ese entonces no encuentra trabajo. "La causas impactaron de forma terrible en mi familia", asegura. Se frustró el cumpleaños de 15 de su hija y le quedaron deudas sin poder pagar. "Vivo haciendo changas", se lamenta.
Coria está procesado en cinco causas penales: una iniciada por la empresa y otras cuatro "armadas"-dice- por la Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad de Nilda Garré. Fue por manifestarse por la reincorporación de compañeros. "Por los denunciados de Pepsico pidieron cárcel; yo ni sé si hay peligro que yo vaya preso", conjetura con mucha resignación.
El padre de familia no exagera: su rostro apareció en fotografías del polémico "Proyecto X" con el que Gendarmería espió a manifestantes desde el mismo lugar en Campo de Mayo donde funcionó el siniestro Batallón 601 durante la dictadura. Su abogada, Myriam Bregman, fue -entre otras- quienes desenmascararon la inteligencia del Estado K.
Carlos Ruiz. Tiene 51 años y 4 hijos. Fue trabajador de Caterpillar y despedido por la multinacional ni bien se le acabaron los fueros como delegado. El Ministerio de Trabajo bonaerense ordenó reincorporarlo, pero allí no terminó el calvario. Por las asambleas y manifestaciones, Ruiz está procesado en tres causas penales. Finning Caterpillar le inició una y Gendarmería Nacional con la Policía bonaerense promovieron las otras dos.
Su familia también padeció la persecución judicial. Su hija adolescente tuvo que interrumpir sus estudios -Carlos era su sostén económico-. Además, el trabajador denuncia que "uniformados" se "pegan una vuelta" por la fábrica cuando hay rumores de despido. Según señala, el Ministerio de Trabajo de la Nación nunca lo atendió.
Contra el discurso K. "Me da indignación y bronca cuando escucho a la Presidenta. Se esconde la realidad. Se dice que se crean puestos de trabajo pero nada dicen de la enorme precarización de los tercerizados. Encima dice que somos terroristas", se queja Coria. "Es todo una mentira", sostiene Ruiz.
Por su lado, el ferroviario Bustillo recordó: "En 2007 Cristina prometió electrificar la línea Roca porque, según dijo, "era inadmisible" que se viajara como lo hacía ella cuando estudiaba Derecho La Plata. Pasaron cinco años y el ferrocarril está igual. Es más, está peor por el deterioro y la falta de mantenimiento". Y apuntó: "Carlos Tomada fue 18 años abogado de Pedraza, ¿de qué lado va a estar?".
(*) De la redacción de Perfil.com.
