La estatización de los ahorros de aportantes a las AFJP y el llamado blanqueo de capitales han sido dos de las decisiones más importantes que ha tomado el Gobierno, tramitadas en plazos brevísimos en el Poder Legislativo, con una gran cantidad y diversidad de afectados.
A ambas iniciativas se le pueden sumar otras más, sancionadas luego de un similar proceso legislativo, en el que se observa que el Congreso no delibera con la seriedad que requiere la forma republicana de gobierno y simplemente ratifica su aprobación con el apoyo de una disciplinada mayoría oficialista para darle fuerza de Ley.
Esta mecánica, que erosiona claramente la calidad institucional del país, ha llevado a darle al Congreso el mote de "Escribanía", donde en algunos casos hasta se anunciaba desde el Ejecutivo la fecha en la cual empezaría a regir una ley que aún no había sido discutida en el Poder Legislativo. Y si bien esta práctica de sumisión viene desde el gobierno anterior, el retorno a este método anti-republicano sea una respuesta política a la eficacia de las presiones de las entidades agropecuarias oponiéndose a la Resolución 125, las que lograron que la Presidenta enviara un proyecto al Congreso para que el mismo fuera ratificado por Ley, aunque finalmente resultó rechazado.
Así, el gobierno que iba a aportar mayor calidad institucional al país, está subvirtiendo el espíritu del proceso de formación de las leyes mediante un trámite rápido para que impida la reacción de los sectores afectados y la respectiva presión de éstos sobre los legisladores. Hasta ahora, el ejemplo más claro fue la eliminación de la jubilación privada, cuya creación en 1994 llevó trece meses de debate legislativo y su derogación apenas un mes. Ese trámite fue deliberadamente rápido para impedir una compulsa de opiniones realmente seria, que hubiera implicado modificaciones al texto original y, en especial, la posibilidad de que las miles de personas afectadas se organizarán para defender sus derechos.
Al respecto, frente a estas sospechosas prácticas de celeridad legislativa, vale la pena recordar las lecciones que sobre el tratamiento parlamentario de las leyes ofrecía el economista Luigi Einaudi, un opositor al fascismo italiano y presidente de la Italia de la posguerra, entre 1948 y 1955. Obviamente, a diferencia de los Kirchner, el artífice del "milagro italiano" fue un estadista e interpretaba con real convicción la importancia de la calidad institucional.
En 1922, Einaudi reflexionaba lo siguiente: "El Congreso vale sólo porque es el eco de la gente que no se sabe quién es, que no cuenta para nada, pero que hace llegar su voz admonitoria durante el breve o largo intervalo que transcurre entre el momento en que un proyecto de ley es depositado sobre la mesa del presidente de la Cámara de diputados o senadores y el momento que llega a ser Ley. La verdadera garantía de la vida, de la libertad y de los bienes de los ciudadanos es ese intervalo de publicidad. Esta es la principal virtud de los parlamentos y no debemos destruirla... No por amor al Congreso sino en salvaguarda de la gente común, trabajadora, de los productores que crean la riqueza del país, de quienes no intrigan pero quieren sólo que se les deje vivir, es necesario que se garantice un lapso de discusión pública".
Ese período, al que hace referencia Einaudi, debe darse principalmente en la discusión de los proyectos de ley en las respectivas comisiones, donde además de los puntos de vista de cada uno de los legisladores, apoyados por sus respectivos asesores en la materia, se incluyen los de los sectores y organismos involucrados e individuos y entidades que pueden aportan sus valiosos conocimientos sobre el tema, más las opiniones, debates e informaciones ofrecidas en los medios de comunicación. Con mucha lógica, un proyecto de ley cuya sanción tendrá profundas implicancias económicas, requiere de un largo debate, donde previo al dictamen de la Comisión debe producirse un análisis profundo y un debate riguroso.
Y antes de ser tratado en el recinto, el proyecto debería tener un plazo que permita tanto las observaciones por parte de los legisladores que no integran la Comisión como de la opinión pública. El mismo proceso debe luego realizarse en la otra Cámara, por lo cual una iniciativa trascendente debería requerir de por lo menos un tratamiento legislativo de seis meses.
Ya en 1950, Einaudi profundizaba sobre los aspectos republicanos que hacen a la calidad institucional legislativa, al señalar que "la existencia en muchísimos países de dos cámaras, la discusión en esos países mediante tres tratamientos, en algunos mediante comisiones, el rigor de los reglamentos destinados a garantizar la libre expresión de todas las opiniones y a tutelar a las minorías contra las mayorías, son instrumentos inadvertidos que tuvieron que introducirse para regular el flujo de las leyes nuevas, haciendo difícil su aprobación rápida y sometiéndolas a un tamizado más o menos riguroso. Este tamizado puede ocurrir accidentalmente, pero responde a la necesidad de impedir la subversión demasiada rápida de las normas que regulan un país".
En palabras del político italiano, la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner estaría entonces sufriendo esa subversión legislativa y, de esa manera, socavando la calidad institucional del país.
(*) Gabriel C. Salvia es presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). Agencia DYN.
