La Justicia Federal de Lomas de Zamora decidió impulsar la instrucción de una causa judicial para investigar las presuntas responsabilidades de la Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur) por los cortes de luz masivos en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, este jueves por la mañana se allanaron cuatro sedes de la firma, incluida la central ubicada en Congreso.
El objetivo de los allanamientos que arrancaron a las 8 de la mañana es conseguir todos aquellos documentos que contengan las comunicaciones que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) tuvo con Edesur respecto de "la existencia de desperfectos o interrupciones en el suministro de energía eléctrica que se le provee a dicha firma". La causa se centra en los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría.
La orden provino del juez federal subrogante Ernesto Kreplak, quien el pasado martes resolvió impulsar la causa iniciada por una denuncia de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Previamente, la fiscal Cecilia Incardona había elevado un requerimiento de instrucción para que se investiguen los hechos denunciados, aseguraron a PERFIL fuentes judiciales.
Exigen que no deje salir del país a los directivos de Edesur
En la orden de allanamiento, el magistrado le otorgó las facultades a la División de Investigaciones Antifraudes de la Policía Federal Argentina. Los efectivos llegaron hasta las sedes de Ezeiza, Monte Grande, Lomas de Zamora y la central administrativa ubicada en San José 190 de la ciudad de Buenos Aires.
La causa se inició a raíz de una presentación que hizo días atrás el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
Según indagó este medio, hasta el momento las autoridades de la empresa no se presentaron con sus abogados en el expediente. Mientras tanto, desde la compañía respondieron a PERFIL que se brindó la información requerida y que "como siempre" la firma está a disposición de la Justicia.
Exhortos al ENRE, Energía y la CNV
En la orden de allanamiento, el juez también dispuso librar una serie de requerimientos a diferentes organismos para reunir elementos de prueba.
En primer lugar, al Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) que envíe el marco normativo de la concesión en manos de Edesur; un informe sobre los roles y funciones de Cammesa, de la Sociedad Anónima Centro de Movimiento de Energía (Sacme), y de las empresas Edenor, Edesur y Enel.
El juez quiere saber quienes son los representantes ante el Estado, las multas y planes de obra del último periodo y el estado de las mismas.
En el caso de Cammesa, el juez pidió que informe si a partir del 10 de febrero pasado "se ha efectuado comunicaciones a la firma Edesur, mediante la cual se anoticia la existencia de desperfectos o interrupciones en el suministro de energía eléctrica que se le provee a dicha firma" en las localidades mencionadas con anterioridad.
El ENRE amplió su denuncia
Este jueves, fuentes judiciales confirmaron que el ENRE ratificó la denuncia presentada en Comodoro Py contra Edesur.
En ese trámite, incorporaron una nueva prueba y formalizaron el pedido de una cautelar para que se le prohíba la salida del país a Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro, todos directivos de la distribuidora.
Blanco, presidente de Edesur, y Moro, gerente general, fueron las dos autoridades recibidas el martes pasado por Jorge Ferraresi, el interventor de la firma.
Además de pedir que se les prohíba su salida del país, desde el organismo informaron a la Justicia algunos de los puntos que motivan la denuncia. Entre ellos, explicaron que las instalaciones de distribución "no están siendo reparadas al ritmo de las necesidades del servicio público", lo que "afecta sistemáticamente la calidad del servicio establecida en el contrato de concesión".
Esa afirmación fue apoyada en que, según el ENRE, "en el último año se han reparado cables de media tensión en promedio unos 5,8 por día y en promedio salen de servicio 5,7 por día, quedando de promedio 42 cables de media tensión pendientes de reparación".
"Se observa que en estación pico (verano e invierno) la cantidad de cables en media tensión fuera de servicio ha aumentado de manera alarmante", sostiene la ampliación, que fue realizada ante el fiscal federal Ramiro González, quien se encuentra de turno junto al juez Julián Ercolini.
Mientras tanto, fuentes tribunalicias indicaron que "no hay plazos para resolver la cautelar".
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