Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, pidió ayer que el jefe del Ejército, César Milani, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, declararan como testigos en la causa por el secuestro y la desaparición de su hijo Gustavo. Gustavo fue secuestrado el 15 de abril de 1977, en un operativo que ejecutaron las Fuerzas Armadas, y nunca se pudo establecer a qué centro clandestino o dependencia militar fue llevado. El juez federal Daniel Rafecas estableció que el responsable del operativo en el que “chuparon” al hijo de Cortiñas fue el general de Brigada Carlos Alberto Martínez, pero la defensa descree de esa tesis porque dice que no había pruebas directas. Sin embargo, la solicitud para que declare Milani tiene que ver con que el general se desempeñó en el área de inteligencia, al igual que Martínez.
A Rossi lo cita porque quiere saber si en los archivos de la dictadura militar, encontrados en el Edificio Cóndor en 2013, puede haber información sobre el paradero de su hijo. Por eso, ayer, presentó un hábeas corpus ante la Cámara Federal de Casación Penal. También requirió información a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su recurso había sido rechazado en primera instancia, según informó la agencia DyN.
Responsabilidad. Milani también está acusado de haber sido autor intelectual de la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, en 1976, en La Rioja. Ledo era un conscripto a las órdenes de Milani, quien lo declaró como “desertor”. Hay cuatro testigos que dicen haber visto participar a Milani de la represión ilegal en la dictadura. Y documentos que prueban que el Ejército seguía a Ledo, tal como publicó PERFIL. Pero hasta ahora, la Justicia rechazó la indagatoria al general. El Gobierno lo protege. Es un importante aliado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Milani aumentó su poder a medida que crecía la desconfianza de CFK sobre la ex SIDE. Por eso, la oposición cree que el presupuesto asignado a inteligencia en el Ejército tiene como destino la creación de una virtual secretaría paralela. La defensa del Gobierno para sostener a Milani es que no hay ningún procesamiento en su contra y que en el pliego que se elevó al Senado para su ascenso no había elementos para involucrarlo en la represión.
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