La versión sobre una amnistía para militares condenados por delitos de lesa humanidad es recurrente en las previas del 24M. Al menos desde la llegada de Milei a la primera magistratura. Está asentada en una realidad: el pedido de un perdón presidencial es un reclamo constante de muchas organizaciones autodenominadas de “memoria completa”, que vienen insistiendo sobre el tema, de forma más o menos velada, desde hace más de veinte años. Ese reclamo está cimentado sobre una narrativa que, tras una búsqueda de “pacificación nacional”, quiere cerrar el proceso de justicia sobre la etapa más negra de la historia reciente argentina. En los últimos días los rumores se intensificaron y dos fuentes de Casa Rosada revelaron a PERFIL que se analizaron los aspectos legales de indultar a genocidas. Incluso dicen que hay un borrador redactado para un decreto de indulto y que el tema está a consideración de las autoridades de Balcarce 50.
De acuerdo a los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en los procesos por crímenes de lesa hay 539 personas privadas de su libertad, pero casi el 85 por ciento (454) se encuentran en arresto domiciliario. En ese universo operaría el perdón presidencial.
Desde 2006, cuando se reabrió el proceso de justicia, diversas organizaciones de “memoria completa” aparecieron en escena y empezaron a operar en política y a obtener repercusión mediática. La vicepresidenta Victoria Villarruel es el mejor exponente de esos grupos: dirigió durante muchos años el CELTYV, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y desde allí aglomeró las demandas que la derecha procesista arrastraba desde hacía dos décadas sin éxito.
“Si bien este gobierno es capaz de hacer cualquier ilegalidad y barrabasada constitucional, de ocurrir inmediatamente haríamos los planteo ante cada tribunal y la Corte Suprema para que esos indultos sean declarados nulos e inconstitucionales, o ambas cosas. La jurisprudencia de la Corte argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es coincidente en señalar que deben removerse todos los obstáculos que impidan el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad incluyendo amnistías e indultos”, afirmó a PERFIL el abogado Pablo Llonto, que encabeza varias querellas de víctimas en juicios de lesa.
Hay un pedido concreto de indultos que entró por la mesa de entradas de Casa Rosada de manos de “Pañuelos Negros”, una agrupación de familiares de militares que, con ese nombre, buscan apropiarse del símbolo más representativo de la lucha por los derechos humanos: los pañuelos de Abuelas y Madres. Lo dirige Asunción Benedit, viuda de un militar que participó del Operativo Independencia y hermana de Beltrán Benedit, el diputado libertario que organizó, en 2024, una visita a represores en la cárcel de Ezeiza.
En el petitorio, “Pañuelos Negros” le reclama a Milei que promueva un proyecto de ley para perdonar las condenas a partir de dos artículos de la Constitución: el 75, inciso 20, que habla de “conceder amnistías generales”; y el 99, inciso 5, que especifica que el Presidente “puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal”. Ese petitorio se entregó también en el Ministerio de Defensa. “No sólo hay que pedir por la libertad de los militares, hay que reivindicar lo que hicieron”, declaró Asunción Benedit en una entrevista.
Las murmuraciones sobre posibles indultos están presentes, cada año, desde que Milei ocupa el sillón de Rivadavia. En 2024, poco antes del 24M, negó que estuviera en sus planes liberar a represores. “Es una gran mentira”, dijo en esa oportunidad. También por esos días, en su primera entrevista desde que había asumido, Villarruel insólitamente se desmarcó. “No me consta que se esté hablando seriamente de un indulto. La solución no es el indulto ni la amnistía: es jurídica”, dijo en TN.
Una hipótesis de por qué hoy el gobierno llevaría adelante una medida de tan alto impacto es que Milei quiere acercarse a la gran familia de las fuerzas armadas y de seguridad que, como otros sectores de la administración pública, vienen pasándola mal con los magros sueldos que perciben. Como no hay plata, buscaría congraciarse de esa forma.
Hay varios impedimentos legales contra los indultos. En primer lugar, la Constitución, que incorporó tratados internacionales de derechos humanos que establecen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. La Corte Suprema lo confirmó en 2010, al declarar inconstitucionales los indultos del menemismo. La ley 27.156, sancionada en 2015, prohíbe el indulto, la amnistía y la conmutación de penas para delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Y declara nulo cualquier acto del Ejecutivo que viole esta prohibición.
