En un capítulo más de la puja de poder que enfrenta a Alejandra Gils Carbó con gran parte del Poder Judicial, el juez Rodolfo Canicoba Corral decidió ayer realizar un operativo en una sede del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la investigación por supuesto espionaje a fiscales organizado desde la órbita de la Procuración General.
La avanzada se da en el medio de la tensión que genera Gils Carbó entre los jueces federales y parte de los fiscales, y justo mientras se debate la reforma al Código Procesal Penal, que le otorga más poder a la jefa de los fiscales.
La resolución del juez fue a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, quien pretende determinar si a través del sistema Fiscalnet, que utilizan los representantes del Ministerio Público, se puede acceder a datos privados de las causas en trámite. La causa se inició por una denuncia de otro fiscal, César Troncoso, quien acusó a una funcionara vinculada a Gils Carbó de infiltrarse “de manera no autorizada” a información que estaba guardada en su computadora laboral.
Por ese motivo, Canicoba Corral decidió enviar a la Policía Federal a la sede de avenida Belgrano al 900 del Ministerio Público, donde funciona la Dirección de Informática y se encuentran los servidores. El escrito establecía que si los funcionarios se negaban a colaborar con el pedido de información y el peritaje, se procediera a realizar un allanamiento. Pero desde la oficina de Gils Carbó se encargaron no sólo de aclarar que ayudaron a los peritos sino que también “quedó descartado cualquier tipo de intromisión”. “Se logró comprobar que es falso que espiemos”, expresaban ayer desde la Procuración.
La acusada por Troncoso es Romina Pzellinsky, quien se encuentra a cargo del Programa de Género. El supuesto espionaje habría sido sobre dos dictámenes, uno radicado en la Fiscalía 5 y otro en la 23, ambas a cargo de Troncoso. Esos documentos fueron utilizados en un sumario por presunto mal desempeño que se inició contra el denunciante. “No descarto que el acceso haya sido más amplio e involucre y perjudique a otras dependencias”, apuntó Troncoso en su denuncia.
A través de un comunicado, la oficina que conduce Gils Carbó volvió a relatar el proceso disciplinario que se le inició a Troncoso en 2011, a raíz de una denuncia de la jueza Wilma López, quien “objetó su actuación en diversos expedientes por violencia de género”. En 2012, el Ministerio de Seguridad sumó una nueva presentación por la supuesta negativa del fiscal a investigar e intentar archivar una causa contra efectivos de la Policía Federal. “Está acusado de un delito grave, como es el no investigar a policías acusados de explotar sexualmente a niñas de entre 10 y 15 años”, aseveran en la Procuración.
Por esas denuncias, se ordenó realizar una auditoría de la fiscalía para verificar su veracidad, por lo que comenzó a actuar Pzellinsky. La funcionaria, según se informó, verificó la existencia de un patrón discriminatorio que llevaba en la mayoría de los casos al archivo sin investigación o al pedido de sobreseimiento de los acusados. El Programa de Género se creó en noviembre de 2012 con la firma de un convenio con la Corte Suprema, que habilitó al Ministerio Público a monitorear las causas de violencia de género.
