A casi dos meses de iniciado el nuevo gobierno, la transición sigue trabada en muchas áreas. Tanto en la administración pública como en las empresas estatales. Circulan juicios en reclamo de doble indemnización (una medida dispuesta por Alberto Fernández a los pocos días de asumir), hay gerentes que se pegan a su cargo, y hasta denuncias macristas por persecución ideológica.
Dos semanas antes de abandonar la Casa Rosada, Mauricio Macri creó por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos. El 788 les garantizaba estabilidad a los directores generales por cinco años. Además, aumentaba sensiblemente las indemnizaciones. Se trató de un acuerdo realizado entre el macrismo y el gremio UPCN, resistido por ATE. Esa decisión beneficiaba a unos 3.500 empleados, de los cuales unos 2.500 habían entrado bajo gestión macrista.
Pero tras el cambio de gobierno, el Frente de Todos suspendió el decreto para revisar caso por caso. En el medio, unos dos mil empleados jerárquicos ya presentaron la renuncia. El resto se mantiene dentro de la administración pública.
Por fuera del organigrama estatal, se encuentran las empresas públicas: por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, Vialidad Nacional, Arsat, la TV Pública, PAMI y Anses. Los abogados laboralistas coinciden en que ahí existe una zona gris: algunas gerencias son cargos políticos, mientras que otras cuentan con un perfil más técnico y de carrera.
El presidente nombrado por Macri en Arsat, Raúl Martínez, se atrincheró en la empresa tecnológica estatal. Renunció como presidente del directorio, pero aspira a mantener su cargo de gerente general.
Otro de los casos más controversiales es el del ex director de Recursos Humanos de Aerolíneas, Juan Ignacio Uribe, quien exige una indemnización de 418 millones. Es decir, casi 12 millones por mes trabajado. "Desvincularon a nueve directores y treinta gerentes (sin militancia política) solo por haber ingresado durante los últimos cuatro años. Doloroso e incomprensible", se justificó Uribe. Para alcanzar tal cifra millonaria, Uribe argumentó "daño moral, despido, diferencias de salarios, multas de ley y reclamo de certificado de trabajo".
Más reclamos. Con demandas un poco más austeras, hay otros 25 casos parecidos al de Uribe. Rechazan la indemnización simple y pretenden resarcimiento por varios motivos: desde uso de cocheras y gastos de representación, hasta pasajes para empleados. La ex gerenta de Alianzas VIP de Aerolíneas también judicializó su adiós. Se trata de una mujer que, tras haber entrado a la empresa aérea en 2017, emitió 211 pasajes casi gratuitos para su esposo, un empresario agropecuario. Así, le sacó el jugo a un beneficio corporativo: el de los vuelos para familiares de los empleados, cuyo uso nunca puede ser con fines comerciales.
En Vialidad, dos gerentes de la etapa macrista (uno de Licitaciones y Compras y otro de Asuntos Jurídicos) exigen indemnización estatal. En ambos casos, provenían de empresas constructoras.
El ex gerente de noticias de la TV Pública, Néstor Sclauzero, le dijo a La Nación: "A mí nadie me dijo que me iban a echar. No pedí ni dejé de pedir. No me dijeron que me corra".
En PAMI se multiplican los conflictos. Algunos subgerentes, ingresados bajo el ciclo cambiemita para trabajos técnicos, denuncian persecución política por parte del oficialismo. Algunos fueron trasladados de sede y descendidos de categoría salarial.
