El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, aseguró que la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto para que la Justicia de Concepción del Uruguay admita al Gobierno como querellante y se pueda desalojar el piquete que realizan asambleístas de Gualeguaychú.
El funcionario volvió a cuestionar la "actitud cerril" de quienes mantienen el corte de tránsito en el enlace con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en repudio a la pastera UPM (ex Botnia), y los llamó a "reaccionar rápidamente" porque, consideró, "ya no quedan excusas para mantener cortado un puente que nos une a un país hermano".
Consultado por radio del Plata sobre el pedido que hizo el juez Gustavo Pimentel para que el Gobierno emita un decreto que posibilite el levantamiento del corte, Alak respondió que "es una cuestión meramente formal que va a quedar subsanada en el día de hoy y que no tiene ninguna importancia sustancial".
Alak manifestó que el piquete en el puente General San Martín, en la ruta internacional 136, "también afecta a 40 millones de argentinos que no pueden transitar libremente".
El miércoles, el Gobierno anunció que se presentó como querellante de los activistas que realizan el corte desde noviembre de 2006, por impedir el "normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar".
Alak insistió en que "es importante hacer un llamamiento para que se levante el corte", debido a que "esta cuestión está jurídicamente terminada". Además, advirtió que al no aceptar el levantamiento de la protesta, la Asamblea "está generando la imposibilidad del control ambiental" a la papelera.
Al planteársele que el juez Pimentel está pidiendo al Gobierno un instrumento legal, como un decreto, dijo: "Es un trámite absolutamente formal, insustancial; es como si un abogado presenta un escrito y luego acompaña el poder de su cliente".
Fuente: DyN
