Es la primera vez en once años que el kirchnerismo mete mano en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia. Cristina Kirchner resolvió, esta semana, descabezarla. La razón es la imposibilidad de ponerle un freno al avance de los procesamientos y las condenas a funcionarios del gabinete. Para la presidenta, la ex SIDE perdió el lobby en los tribunales. Y teme lo peor. Ella es investigada por irregularidades en sus hoteles; el vicepresidente, Amado Boudou, fue enviado a juicio oral; el ministro de Justicia, Julio Alak, fue llamado a declaración indagatoria; la procuradora, Alejandra Gils Carbó, recibió tres allanamientos; y el fiscal antilavado, Carlos Gonella, fue procesado. Esta semana, además, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue imputado por enriquecimiento ilícito. Casi no queda funcionario fuera de la mira de los tribunales federales de Comodoro Py. En su último año, Cristina Kirchner puso en marcha una nueva estrategia para detener la arremetida judicial y a la Secretaría de Inteligencia le derivó un rol crucial.
Al nuevo secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, le encomendaron reducir las filtraciones de un sector de la ex SIDE en contra del Gobierno y realizar las purgas necesarias para tomar el control, algo que es muy delicado por la reacción de los heridos. Lo primero que hizo al asumir el cargo fue pedirle la renuncia a Antonio Horacio Stiuso, director general de operaciones, que supo tener una relación de mutua confianza con Néstor Kirchner. Quedará dentro de la central, pero fuera de la dirección de operaciones.
Por su currículum, el subsecretario Juan Martín Mena tendrá como labor el vínculo con los tribunales. Los conocedores del mundo de la inteligencia creen que es una estrategia a dos puntas: por un lado, recrudecer su ofensiva contra el Poder Judicial y, por el otro, recomponer los lazos con aquellos magistrados con los cuales todavía sea posible.
En el festejo por el día de la democracia, Cristina Kirchner retomó su cuestionamiento a los jueces que la investigan a ella y a sus funcionarios. Ese día, defendió a todos los que iban a ser procesados o a los que habían sido llamados a indagatoria, como el fiscal Carlos Gonella o el ministro Julio Alak. Conectó la embestida con la aprobación del Código Procesal Penal, que les da más poder a los fiscales, bajo la órbita de la kirchnerista Gils Carbó.
La mecha se encendió con una batería de medidas que tomó CFK en los últimos dos años. La ambiciosa “democratización de la Justicia” –declarada inconstitucional por la Corte Suprema–; el copamiento del Ministerio Público Fiscal; la aprobación del Código Procesal Penal y la toma del control parcial del Consejo de la Magistratura. En el Gobierno ven eso como un avance sobre lo que denominan “la corporación judicial”.
En la Justicia, como un intento de ponerlos en caja porque investigan al poder.
Como sea, se trata de una guerra que, algunos consideran, no se va a terminar hasta que Cristina Kirchner abandone el poder.
En busca de operadores
Durante la era Néstor Kirchner, los que fatigaban los pasillos de Tribunales para aceitar los vínculos con los jueces federales eran Javier Fernández y Darío Richarte. Pero Cristina Kirchner decidió ponerle un fin a ese armado y construyó uno propio. Dejó en manos de hombres de La Cámpora –al mando del secretario de Justicia, Julián Alvarez, y del diputado Eduardo “Wado” de Pedro– la labor de caminar Comodoro Py, pero con un estilo más confrontativo. El estudio de Richarte asumió la defensa del vicepresidente Amado Boudou, procesado dos veces y con un juicio oral por delante. En el entorno del vice dicen que Richarte ya no se mueve para favorecerlo y que está enfrentado con varios jueces. Ahora habrá que ver si la ex SIDE se mete de lleno en los tribunales federales y cómo lo hace. Le espera un año complicado al Gobierno. De hecho, varios funcionarios fueron procesados, otros llamados a indagatoria, y otros, condenados. Y se esperan más resoluciones desfavorables para el último año de gestión del kirchnerismo.
