En sustitución de la audiencia que iba a realizarse ante la Sala I del tribunal de alzada, el abogado defensor Carlos Beraldi presentó un escrito y pidió que "se declare la nulidad de la resolución recurrida o en su defecto se revoque en todo cuanto ha sido materia de agravio".
El letrado manifestó que el procesamiento de su clienta "pone al descubierto de manera brutal la matriz de persecución y difamación que se dirige" en contra de su representada y advirtió que "se considera delito una decisión política tomada por un gobierno elegido democráticamente en tres oportunidades".
En ese contexto, recordó que durante la instrucción fue rechazado su pedido al juez Ercolini y al fiscal federal Gerardo Pollicita de "readecuación de objeto procesal" por lo que "ninguna de las sociedades vinculadas al Presidente Mauricio Macri o empresarios afines sería investigada".
También consideró que "las 17 declaraciones indagatorias" de los imputados "fueron recibidas en menos de un mes" a la vez que "diversos medios de prensa ya anticipaban que la decisión de procesar a la ex Presidenta de la Nación no tenía retorno, incluso adelantando el contenido del auto de mérito".
"Sin exageraciones, puede ser calificado como la sentencia más anunciada de nuestra historia" ironizó, según consignó la agencia DyN.
Para Beraldi, el procesamiento de Fernández de Kirchner "solo puede ser entendido en el marco de acontecimientos de una gravedad institucional que no registra antecedentes, al menos en los tiempos en que en nuestro país se encontró vigente el Estado de Derecho".
"Llega al absurdo de considerar que un gobierno elegido democráticamente en tres oportunidades consecutivas por el pueblo argentino -en las dos últimas por amplias mayorías populares, hecho inédito en nuestro país- constituyó, lisa y llanamente, una organización delictiva destinada a saquear los bienes del Estado durante doce años", completó.
Todos los procesados por las supuestas irregularidades millonarias en la adjudicación de obra pública durante el kirchnerismo, incluida la expresidenta, apelaron hoy sus procesamientos dictados a fines del año pasado por el juez Ercolini.
En el caso de la ex jefa de Estado, fue procesada por los supuestos delitos de "asociación ilícita" y "administración fraudulenta agravada", a la vez que afrontó un embargo de 10 mil millones de pesos.
