En medio del conflicto político que lo enfrenta con la administración de Mauricio Macri, el empresario Cristóbal López cedió la mayor parte del negocio del juego a su socio más antiguo y cercano, Ricardo Benedicto.
López vendió todas las acciones de Inverclub, la inversora de la firma Casino Club, que tiene parte de los casinos de Estados Unidos, Rosario, Mendoza, Neuquén y Puerto Madero. Y tres bingos en la provincia de Buenos Aires. También entregaría el Hipódromo de Palermo.
Uno de sus voceros confirmó la operación, pero dijo que hay ciertas dudas sobre su salida del salón de avenida Libertador. Se quedará con un puñado de casinos y salas de máquinas tragamonedas.
El imperio del juego que López supo expandir al calor del kirchnerismo –que le regaló decretos con concesiones de varios años– está llegando a su fin. Al menos en apariencia.
Según dos fuentes del mercado que dialogaron con PERFIL, la operación es multimillonaria y el comprador, Ricardo Benedicto, pidió autorización para formalizarla a Defensa de la Competencia, el organismo que depende de la Secretaría de Comercio. Anoche ingresó el expediente.
Hubo una negociación previa con los españoles de Cirsa, que eran sus socios en el casino flotante y en el casino de Rosario, pero no llegó a buen puerto porque no se pusieron de acuerdo en el número. Por la cercanía y la amistad que lo une a Benedicto, en el mercado creen que López en realidad fingió la venta y que seguirá detrás del juego. Nadie presentó pruebas que lo demuestren.
Presión. Macri tenía contra una pared a López. A mediados de marzo envió a su abogado personal, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, a intimarlo a que pague 4.500 millones de pesos correspondientes a ingresos brutos por la explotación del Hipódromo de Palermo y el casino flotante de Puerto Madero, un tributo que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los socios de López desconocen dicha deuda porque aseguran que la jurisdicción del juego es nacional.
Como esa negociación fracasó, el Presidente publicó un decreto iniciando el traspaso del juego a la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de 120 días. Pero en el medio ordenó auditorías para todos los negocios que López había iniciado con el Estado durante la gestión kirchnerista. Y le quitó la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas. Señales que López leyó entre líneas. “Si yo soy el problema, me voy”, les dijo a sus socios del juego hace un par de semanas. No son los mismos que tiene en Indalo, el grupo a través del cual invierte en medios de comunicación, alimentación y petróleo, entre otras cosas.
PERFIL había anticipado que López ponía a la venta su participación en el juego. Era el deseo de Macri, que cree que así le quitará una de sus principales cajas y lo debilitará. En cambio, López seguirá en los otros rubros en que participa a través de Indalo. El jueves, las oficinas de Indalo fueron allanadas en una causa en la que se investigan negocios con Cristina Kirchner.
El escándalo mayor que enfrenta López es por una deuda de más de 8 mil millones de pesos con la AFIP. Según lo reveló el diario La Nación, el empresario dejó de girar el impuesto al combustible (tiene más de 200 estaciones de servicio) durante los últimos cuatro años. Y usó ese dinero para fondear la compra de medios y otras empresas.
Esa deuda hizo que la Justicia le impidiera, mediante una cautelar, hacer cualquier tipo de maniobra tendiente a desmembrar el Grupo Indalo. En este caso, la cautelar no alcanza la venta de acciones porque Casino Club es una empresa que está por fuera de ese grupo. Sus socios en Inverclub son, además de Benedicto, Héctor José Cruz y Juan Castellanos Bonillo. La inversora tiene más de veinte casinos y salas de máquinas tragamonedas en el país y el exterior, en algunos casos con los españoles de Cirsa.
Investigado por Bonadio
El juez federal Claudio Bonadio investiga si Cristóbal López y Lázaro Báez simulaban alquilar los hoteles de la familia de Cristina Kirchner para ocultar el pago de retornos por los contratos millonarios de la obra pública.
El jueves, el juez Bonadio allanó las oficinas del Grupo Indalo en busca de pruebas. Encabezó en persona el operativo, que permitió llevarse comprobantes de pago de alquileres y cocheras, recibos de luz y gas y dos contratos de alquiler.
Ante la falta de una parte de la documentación, los abogados de López prometieron llevar al juzgado el resto de los papeles requeridos. Los alquileres corresponden a la firma Los Sauces, que fue constituida en 2006 por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. De acuerdo con la denuncia de Margarita Stolbizer, los Kirchner percibieron un total de 20,7 millones de pesos como “adelantos de dividendos” por el cobro de alquileres.
Ahora, el juez analiza la documentación.
