La polémica generada tras la condena en suspenso para los menores implicados, y los pedidos de juicio político contra el tribunal, no para de crecer. Julia Rapazzini, madre de Santiago, insistió en que la resolución judicial -que postergó hasta el año que viene la fijación de la pena para los culpables- fue "lamentable", pero la reacción de los familiares del joven asesinado y de dirigentes políticos cayó mal en el ambiente judicial, porque -según se sostiene en 'off the record'- los jueces cuestionados se limitaron a aplicar la ley vigente.
El único funcionario judicial que hizo público el cuestionamiento a los críticos fue el fiscal penal platense Marcelo Romero, quien advirtió: "Es muy sencillo gritar a los cuatro vientos 'juicio político a los magistrados', pero ¿dónde están ahora los que sancionaron leyes 'progre' durante una década y los que modifican las normas sobre excarcelación y eximición de prisión, según el ritmo de las encuestas de opinión y los sondeos de imagen?".
Santiago Urbani fue asesinado el 10 de octubre de 2009 de un escopetazo en la cabeza, luego de que cuatro hombres lo interceptaron en la puerta de su casa cuando llegaba con su auto, lo obligaron a entrar y le robaron las pertenencias. El domingo, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro terminó el juicio a los dos jóvenes imputados, pero cuando se esperaba que leyeran el monto de la condena se anunció que postergarían la aplicación hasta que cumplan los 18 años.
Sin decirlo expresamente, el Gobierno bonaerense se mostró confiado que se podrá revertir el fallo. "Confiamos en que la Cámara de Apelaciones atenderá el pedido del fiscal y el de la madre de la víctima", dejaron trascender los funcionarios.
A partir de ahora, hay tres instancias judiciales para revisar la figura delictiva del homicidio en ocasión de robo u homicidio agravado: la Cámara de Casación Penal bonaerense, la Suprema Corte provincial y, eventualmente, la Corte nacional. El abogado de los Urbani, el ex consejero de la Magistratura nacional y ex ministro de Justicia bonaerense Jorge Casanovas, narró un contacto en el que el intendente Massa les habría prometido a los deudos promover el juicio político contra los integrantes del tribunal oral.
Casanovas sabe, porque integró el Consejo cuando se fijó ese criterio en el Jury al juez santafesino Víctor Brusa, que los jueces "no pueden ser removidos por el contenido de sus sentencias".
La polémica gira en torno a que Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez, jueces del Tribunal de San Isidro, consideraron "legalmente imposible" imponerles a los adolescentes "culpables" del asesinato una pena de prisión hasta "tanto cumplan los 18 años de edad".
Así aplicaron la ley 22.278, conocida como "Régimen Penal de la Minoridad", sancionada el 20 de agosto de 1980 -en la última dictadura- que "supedita la imposición de pena respecto del menor" a una serie de "requisitos", entre ellos "que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales" y, justamente, "que haya cumplido dieciocho años de edad".
Además, la norma establece que el menor en situación de delito deberá haber sido "sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad". El tribunal cumplió, hasta ahora, con todas las formalidades que establece la ley.
Fuente: DYN
