La marcha del silencio del #18F por la muerte del fiscal Alberto Nisman convocada por los fiscales, ha despertado un fuerte cruce de declaraciones entre funcionarios del gobierno, dirigentes opositores y hasta miembros del poder judicial.
La crítica más dura partió de María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de Justicia Legítima, quien señaló “esto es una bravuconada y me sorprende porque está fuera del universo judicial. Acá no hay discusión jurídica, ni discusión sobre cosas como posibles formas de trabajo. Esto es una manifestación simplemente política”, expresó la jueza a Página12.
“No son los angelitos”, aseguró sobre Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuan, José María Campagnoli, Carlos Stornelli, entre otros funcionarios judiciales que convocaron a la movilización, porque “están cuestionados por sus formas de trabajo”.
La camarista advirtió a quienes dudan de ir a la marcha: "Los que vayan a la marcha corren riesgo de ser aprovechados políticamente”. “Hay gente que va a ir pensando en hacer un homenaje a Nisman y van a ser aprovechados por el arco político, por Mauricio Macri, Sergio Massa y Elisa Carrió, que dijeron que irán. Esto, los fiscales que convocan a la marcha no lo ignoran", recalcó la camarista.
En esta línea de argumentación, Aníbal Fernández manifestó que los precandidatos presidenciales Mauricio Macri (PRO) y Sergio Massa (Frente Renovador) son "enormes oportunistas" por concurrir a la marcha. Y agregó que los fiscales "tienen todo el derecho de hacer una manifestación de estas características" y remarcó que "la libertad de la que gozamos hoy la conquistamos entre todos".
Desde el arco opositor fueron varias las voces que se escucharon. Sergio Massa anunció en su cuenta de Twitter: “No queremos fiscales militantes, queremos fiscales libres que puedan investigar sin miedo”.
Por su parte Elisa Carrió sostuvo que “hay que ponerle el cuerpo a la República y a la Constitución y salir a la libertad, de la dictadura K”. En tanto, en el programa de Mirtha Legrand, Mauricio Macri, dijo: "Esa es la Argentina que viene, con marchas pacíficas". "El caso debe resolverse. Si termina impune, es una hipoteca institucional que no vamos a poder levantar”.
