El capital político con el que Amado Boudou arriba esta semana al denominado "sillón de Rivadavia" -con actos oficiales por él encabezados- tras el reposo ordenado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se ve empañado por una maraña de causas judiciales que debilitan su perfil.
Boudou, quien debió apurar su regreso desde Brasil para encabezar desde hoy varios actos oficiales en la Casa de Gobierno, tuvo 54 causas abiertas en la Justicia federal, según consignó Chequeado.com, de las cuales más de 30 fueron cerradas, Aunque aún es investigado en las restantes por contenido patrimonial como defraudación o incumplimiento de los deberes de funcionario público, y además por enriquecimiento ilícito.
En este último caso las denuncias las encabezaron los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido quienes criticaron ante el juez Ariel Lijo las diferencias entre las declaraciones juradas que el vicepresidente presentó ante la Justicia y la versión enviada a la Oficina Anticorrupción.
El juez Lijo investiga a Boudou, sus padres, a hermanos, a su novia, la periodista Agustina Kämpfer, y a los empresarios José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele por presunto enriquecimiento ilícito.
Además, el vicepresidente también está imputado por su participación en el salvataje de la empresa ex Ciccone, donde se investiga si tuvo una actuación indebida para que la empresa quede en manos de Vandenbroele, de quien su ex mujer dijo que era testaferro del vicepresidente.
Boudou es investigado por negociaciones incompatibles con la función pública y por enriquecimiento ilícito por las maniobras que habría desarrollado siendo ministro de Economía para que la AFIP le hiciera un beneficioso plan de pagos a la firma The Old Fund, quien se ofrecía a levantar la quiebra de Ciccone.
Sin embargo, en las últimas semanas la Sala I de la Cámara Federal porteña favoreció al Vice concediéndole un tipo de recurso que habitualmente suele rechazar, por ser contra un fallo no definitivo, y lo habilitó a que apele el caso Ciccone a la Cámara Federal de Casación Penal.
A la par, el juez federal Sebastián Casanello investiga ahora también el convenio entre The Old Fund y el Gobierno de Formosa por asesoramiento en el canje de deuda y la actuación que le cupo al Ministerio de Economía. Casanello avanza en esta causa y ya pidió informes sobre la "hoja de ruta" del trámite de la refinanciación de la deuda formoseña.
Otra reciente denuncia en vigencia es la realizada por el diputado Claudio Lozano. Boudou, fue denunciado penalmente ante el juez Daniel Rafecas por supuesto aprovechamiento de información privilegiada en el canje de deuda pública 2010, cuando era ministro de Economía. La denuncia también alcanza a algunos de sus entonces colaboradores más cercanos en el Palacio de Hacienda.
El legislador sostuvo en su presentación que “denunciamos que hubo tráfico de influencias posibilitando desde el 2008 en adelante la compra de bonos de la República Argentina a precio vil y que luego fueron asumidos como deuda por la Argentina". Esas presuntas maniobras, según Lozano, reconocieron "valores que permitieron a nuestros acreedores la realización de ganancias extraordinarias equivalentes al cien por ciento en dólares".
Hasta los viáticos son vistos con atención por la Justicia. El vicepresidente fue denunciado por no devolver viáticos de viajes oficiales y por haber incorporado ese dinero a su patrimonio, con los que habría intentado justificar sus ingresos, en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Boudou puso en su declaración jurada 180.700 pesos por viáticos de viajes que hizo en el país y al exterior en 2009, 2010 y 2011, cuando fue titular de la ANSES y ministro de Economía.
