El laberinto financiero de José Luis Espert acaba de chocar contra un muro judicial. El ex diputado quedó formalmente acorralado en una investigación que conecta una cuenta secreta en el exterior, la compra de vehículos de alta gama y fondos "extraños" provenientes de una red transnacional de narcotráfico y fraude. Lo que comenzó como una indagación sobre el financiamiento de su campaña presidencial de 2019, hoy se transformó en un expediente por lavado de activos que amenaza su situación legal y su patrimonio.
El juez federal Lino Mirabelli ordenó que el ex legislador se presente a prestar declaración indagatoria el próximo 30 de junio, haciendo lugar a un contundente pedido del fiscal Fernando Domínguez. El magistrado no solo puso la lupa sobre el dirigente político, sino que también citó a su contador personal, Mariano Cosentino, y solicitó investigar a "Varianza S.A.", una firma creada en el año 2019 por Espert junto a su esposa, María Mercedes González.
El eje de la acusación gira en torno a Federico “Fred” Machado, un empresario que respaldó la carrera política del dirigente y que recientemente se declaró culpable de lavado y fraude ante los tribunales norteamericanos tras ser extraditado por Interpol. Según el rastreo de la fiscalía de San Isidro, en enero de 2020 Espert recibió una transferencia de 200 mil dólares en una cuenta no declarada ante el ARCA en el banco Morgan Stanley. El dinero provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa pantalla estadounidense dedicada a vender aviones inexistentes y liderada por una socia de Machado, quien ya cumple una pena de 16 años de prisión.
Para intentar blanquear ese ingreso, el dirigente presentó un supuesto contrato de consultoría por un millón de dólares con la firma minera guatemalteca "Minas del Pueblo S.A.". Sin embargo, la fiscalía derrumbó esa coartada al calificar el documento como apócrifo: los investigadores comprobaron que las minas jamás estuvieron operativas, que no existe ninguna factura o prueba del asesoramiento brindado y que el propio Espert nunca viajó al territorio de Guatemala.
Mientras aguarda la fecha de su comparencia frente al juez, el panorama económico del ex parlamentario se encuentra totalmente paralizado. Los tribunales dictaron una inhibición general de bienes sobre el matrimonio, medida que bloquea el uso irrestricto de sus cuentas bancarias y le impide vender propiedades, quedando habilitado únicamente para utilizar los fondos autorizados por la Justicia para afrontar sus gastos corrientes.
El circuito del dinero y los chats que lo delatan
A partir del análisis de los dispositivos electrónicos y documentos bancarios secuestrados al contador, la Justicia logró reconstruir la ruta de los dólares. Los fondos bajo sospecha fueron reinsertados en el mercado local mediante adquisiciones importantes, entre las que destacan la compra de un vehículo BMW y un posterior Lexus valuado en casi 130 mil dólares, según pudo adelantar TN. A la par, la esposa del ex diputado suscribió un fideicomiso inmobiliario en el exclusivo balneario bonaerense de Costa Esmeralda por una cifra superior a los 200 millones de pesos.
La evidencia digital recuperada resultó demoledora para la estrategia de Espert. Los mensajes de WhatsApp que constan en el expediente exponen diálogos directos entre Espert y sus asesores contables discutiendo abiertamente las distintas alternativas impositivas para encuadrar los fondos. En esas conversaciones telefónicas, el equipo debatía cómo justificar el elevado nivel de consumo familiar, concluyendo finalmente en la decisión de no declarar absolutamente nada.
Con todas estas pruebas sobre la mesa, el fiscal Domínguez determinó que las maniobras encajan a la perfección en las tres fases clásicas del delito de lavado: colocación, estratificación (acción y efecto de dividir o clasificar elementos, datos o realidades en grupos o niveles jerárquicos) e integración de activos ilícitos. Lejos de cerrar el caso con el giro inicial, los investigadores mantienen firme la sospecha de que el dirigente pudo haber recibido dinero adicional, considerando que el contrato presentado para justificar la operación estipulaba un pago cinco veces mayor al detectado.
TC / EM
