Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó, en diálogo con PERFIL, el fallo de la Corte Suprema argentina que decidió no acatar una resolución de ese organismo internacional vinculada a la violación de los derechos de libertad de expresión, en un caso que afectó a Editorial Perfil.
El fallo de los jueces argentinos estableció que la Corte Interamericana no puede obligar a la Argentina a anular una sentencia judicial de la Corte Suprema, lo que abrió una polémica porque los especialistas aseguran que las resoluciones de la CIDH son de cumplimiento obligatorio, dado que nuestro país suscribe a la Convención de los Derechos Humanos.
La condena que la CIDH pidió que se revoque es la que obligó a Jorge Fontevecchia, fundador de la revista Noticias, y a Héctor D’Amico, en ese entonces su director, a pagar una indemnización por una publicación, en 1995, de dos noticias vinculadas a la familia extramatrimonial del ex presidente Carlos Menem. La Corte Suprema condenó a Fontevecchia y D’Amico en 1997, con la “mayoría automática” que respondía a Menem. La CIDH consideró que violaba el derecho a la libertad de expresión. El caso puede sentar precedente para otros expedientes que analiza la Corte Interamericana, como la situación de Milagro Sala.
—¿Cómo tomó el fallo de la corte Suprema argentina?
—Con sorpresa y con algo de decepción. El fallo parecería regresar sobre la jurisprudencia anterior argentina, porque las resoluciones de la Corte Interamericana son de cumplimiento obligatorio. Argentina es uno de los países pilares de la convención, que ha seguido las recomendaciones, que ha implementado mejor este tipo de decisiones, con avances importantes, y en el plano de la libertad de expresión, ni hablar.
—¿Qué impacto puede tener este fallo?
—Se abre un escenario que no estaba previsto. Ahora entran en juego las normas de la propia convención, que incluyen la obligatoriedad de
los fallos de la Corte Interamericana. Pero la discusión va a seguir, acerca de si Argentina abandona la idea del bloque constitucional y de incorporación de las convenciones y las obligaciones que emanan de la Corte Interamericana. Hay que ver si este fallo se afianza como jurisprudencia.
—¿Qué camino seguirá este conflicto en la CIDH?
—Se trasladó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las víctimas de este caso. Seguramente la Corte Interamericana tomará una decisión. Si la Corte argentina insiste en su postura estará en falta frente al derecho internacional.
—¿Hay antecedentes?
—Hay uno reciente en un caso de República Dominicana respecto a una sentencia sobre la situación de haitianos de nacionalidad dominicana, que establecía que no iban a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, aunque luego se arbitraron soluciones de política migratoria desde el Poder Ejecutivo. Y en Uruguay hubo un fallo contrario en el caso Gelman, que tenía que ver con el rechazo a declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Pero el gobierno se ocupó de cumplir con el fallo internacional.
—¿Esto abre la puerta a que argentina salga de la convención?
—Tiene que ser explicitada mediante la denuncia del tratado, y no creo que estemos en ese punto. Sí puede poner en tela de juicio la efectividad de los casos que vayan a la Corte Interamericana.
—¿Es posible que el gobierno argentino se apoye en él para desconocer un eventual dictamen que pida la libertad de Milagro Sala?
—Me abstendría de hablar de situaciones hipotéticas. Me remito a lo que dijo el ex secretario ejecutivo Santiago Cantón, acerca de que los fallos de la Corte Interamericana deben cumplirse de buena fe por el Estado. Esa es la situación ante cualquier caso.
