La Sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si archiva definitivamente u ordena la reapertura de una causa penal contra el diputado electo y ex presidente Néstor Kirchner por el supuesto reparto de electrodomésticos y dinero a electores en las legislativas de 2005, que se originó con una denuncia que hizo el diputado nacional Jorge Rivas, cuando era opositor.
Fuentes judiciales precisaron hoy que Rivas hizo su denuncia 17 días antes de los comicios y pidió que, junto a Kirchner, se investigara también a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y al entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, por si el trío, mediante lo que denominó "compra de votos", hubiera perpetrado los presuntos delitos de "coecho" y "malversación de fondos públicos".
Por entonces, Rivas era diputado nacional del Partido Socialista y aspiraba a renovar su banca por el Encuentro Social, pero poco tiempo después de las elecciones aceptó el ofrecimiento de Fernández, a quien había denunciado, para ocupar la vicejefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Ahora los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah tendrán que resolver la apelación hecha por el fiscal federal Federico Delgado a lo resuelto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que archivó el expediente en cuanto al presunto delito de "malversación de caudales públicos", pero el resto del expediente lo envió a la Justicia electoral.
El fiscal había requerido la acción penal y había solicitado que se citara a declaración indagatoria al entonces vice ministro de Desarrollo Social Carlos Castagneto -a su vez candidato a intendente de La Plata- y la titular del Programas Ayudas Urgentes de esa cartera, Marcela Paola Vessvessian, pero el juez Canicoba Corral nunca dio curso a ese pedido.
La denuncia de Rivas también planteaba que fueran citados a declarar como testigos los entonces intendentes de Florencio Varela, Julio Pereyra, y de Berazategui, Juan José Mussi.
El legislador, antes de la denuncia, ya había solicitado a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que analice "si al distribuir electrodomésticos entre electores del conurbano bonaerense, el Presidente y sus funcionarios violaron el Código Penal".
"Al votar, el elector cumple la función pública de determinar cuáles de los candidatos se convertirán en autoridades de la Nación. En tal sentido, quien pretendiese condicionar su decisión mediante una dádiva cometería el delito de cohecho activo", dijo. "Si quien así procediese, fuese otro funcionario y la dádiva resultase ser un bien del Estado que él administra, incurriría además en el delito de malversación de caudales públicos", advirtió ante la FNIA.
Al mismo tiempo, Rivas pretendía saber el origen de los electrodomésticos distribuidos, ya que según puntualizó, "la Oficina Nacional de Contrataciones que depende del Ministerio de Economía no registra licitaciones ni contrataciones directas efectuadas por la cartera que lidera Alicia Kirchner" en la cantidad consignada por los reportes periodísticos.
FUENTE: DYN
