El fiscal general de Tucumán denunció al presidente del Banco Central, Luis Caputo, por supuestos desmontes ilegales realizados por una empresa en la que el funcionario es accionista. Se trata de la compañía agrícola Sacha Rupaska SA, que opera en la localidad de Copo, en Santiago del Estero. En la denuncia, a la que accedió PERFIL, también solicitan investigar a dos socios del ex ministro de Finanzas, Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo). Además, el fiscal apuntó al accionar de funcionarios públicos de la provincia.
La empresa en la que Caputo es accionista protagoniza desde hace meses una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes, ya que sostienen que la compañía arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley. El caso ya le valió a la compañía una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
La denuncia demuestra que Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013 y que las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
En abril último, el asesor letrado de la Dirección de Bosques de la provincia aconsejó suspender el permiso otorgado a la compañía para desmontar en la zona, según la investigación del fiscal general Antonio Gustavo Gómez –con competencia en Santiago del Estero–. Sin embargo, Gómez denunció que el organismo “por un lado inspecciona y multa a las empresas investigadas, pero por otro favorece la deforestación incluyendo puntos verdes en lotes que, en el mapa aprobado por la Ley de Bosques, son calificados con colores rojo y amarillo”, es decir, que se trata de zonas donde el desmonte está prohibido. Esa es justamente la carta que utiliza la compañía para defenderse de las acusaciones.
La denuncia fue presentada ante el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón, quien debe analizar si abre una causa judicial contra Caputo y sus socios. Gómez también pidió que se investigue por qué Sacha Rupaska SA figura como “inactiva” en la Inspección General de Justicia (IGJ) cuando está realizando actividades en la provincia.
Pasado pisado. La investigación revela que Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013. En aquella oportunidad, debió rendir cuentas en la provincia por la empresa Palmeral Chico SA. Según consta en la denuncia, las hectáreas afectada habían sido adquiridas en 2007 por Méndez Ezcurra “en comisión para Luis Andrés Caputo con dinero de éste último”. “Palmeral Chico y Luis Caputo fueron multados por la destrucción del bosque nativo e intimados a recomponer el daño provocado”, dijo el fiscal en la denuncia.
La sanción fue impuesta en agosto de 2013 por un juez civil y comercial, quien castigó a la empresa y a Caputo con una multa de más de $ 10 millones. Sin embargo, la fiscalía de Estado de Santiago del Estero terminó acordando con Caputo y la empresa que pagarían una multa casi diez veces menor ($ 1.150.000) y en 36 cuotas. Cuando el fiscal consultó a las autoridades de la provincia si la multa había sido pagada, el Estado provincial dijo que “no pueden determinar que el convenio suscripto por la firma Palmeral Chico SA y el señor Luis Caputo se encuentre al presente cancelado o impago”, y agregaron que consideran “necesario” pedir los comprobantes de pago a Caputo.
PERFIL se comunicó con la vocera de Caputo para conocer su versión o la de las compañías en las que es accionista, pero no obtuvo respuesta.
