Una serie de resoluciones recientes emitidas por las Fiscalías Federales de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona (Fiscalía N° 2) y Sergio Mola (Fiscalía N° 1), encendió las alarmas en el ámbito judicial y político. En al menos 15 expedientes vinculados a incendios, destrozos y daños agravados en cárceles federales, ambos fiscales optaron por archivar las causas, trasladando los hechos al plano meramente administrativo o disciplinario. Este accionar judicial supuso una denuncia de parte de la Fundación Apolo.
Los casos más relevantes se registraron en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza –tanto en Prisma como en los módulos de ingreso– y en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres. Allí se verificaron incendios intencionales de colchones, incluso repetidos por el mismo interno en pocas horas, destrucción de cámaras de seguridad en pabellones psiquiátricos y violentas protestas con quema de mobiliario. Todos los hechos quedaron acreditados con pericias, filmaciones, informes médicos y testimonios.
Sin embargo, el criterio adoptado por Incardona y Mola fue coincidente: los incidentes debían leerse como expresiones de desesperación o desbordes emocionales, más que como delitos. De ese modo, argumentaron que los internos no tenían plena capacidad de discernimiento y que el derecho penal, de aplicación “fragmentaria y mínima”, no debía intervenir en situaciones de “baja entidad”. En consecuencia, dispusieron el archivo y recomendaron sanciones únicamente disciplinarias bajo el Decreto 18/97.
La reiteración de este razonamiento en múltiples resoluciones no solo consagra un antecedente de inmunidad práctica para conductas graves, sino que también instala un mensaje peligroso: incendiar colchones, destruir cámaras de seguridad o dañar bienes públicos en prisión ya no constituye un delito, sino apenas una infracción carcelaria.
El cuestionamiento no recae únicamente sobre el Ministerio Público Fiscal. También se señala la pasividad del Ministerio de Seguridad de la Nación, que no ha impulsado protocolos eficaces para prevenir incendios intencionales, proteger al personal penitenciario ni garantizar sanciones ejemplares. Mientras el Estado destina millones de pesos a reponer colchones, reparar cámaras y restaurar pabellones, los responsables materiales de los daños permanecen sin condena penal. “Esto no es mínima intervención penal, es máxima impunidad”, advirtieron fuentes vinculadas a la Fundación Apolo, denunciante del caso. En ese sentido, el dirigente Yamil Santoro confirmó que desde la Fundación Apolo se presentó una denuncia contra los fiscales Mola e Incardona por “encubrir violencia y destrozos en cárceles federales”. Según sostuvo, “los fiscales vienen favoreciendo a los criminales archivando causas y evitando que se les cobre por los hechos vandálicos que destruyen bienes públicos”.
