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POLITICA / Ciudad de Buenos Aires
miércoles 18 septiembre, 2019

Denuncian a Macri y Larreta por la compra de vagones del subte

Es por la presencia de asbesto (amianto) en las formaciones adquiridas en 2011 al Metro de Madrid. Al menos 11 trabajadores habrían sufrido problemas pulmonares.

por Emilia Delfino

Los vagones de la línea B. Foto: Enelsubte.com
miércoles 18 septiembre, 2019

El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fueron denunciados ante la Justicia federal por la compra e importación de vagones que contenían la sustancia prohibida amianto (asbesto) y que fueron destinados en 2011 a la línea B del subterráneo porteño. Entonces, Macri era el jefe de Gobierno. Esta sustancia es cancerígena y habría al menos 11 trabajadores de los talleres y otras áreas del subte afectado, de acuerdo a los Metrodelegados y a las autoridades.

Además, fue denunciado Eduardo De Montmollin, actual presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), el organismo a cargo de la operación del subte; y Alberto Esteban Verra, presidente Metrovías SA, la empresa privada que maneja la concesión del servicio de transporte público.

¿Qué es el amianto o asbesto? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de una sustancia cancerígena utilizada para aislar el calor que afecta especialmente las vías respiratorias y causa la muerte de 107.000 personas al año en el mundo (datos de 2014). Hace décadas, antes de que se advirtieran sus efectos en la salud de las personas que estaban en contacto y manipulación de la sustancia, era ampliamente utilizado por su bajo costo en la construcción y otras actividades.

En la Argentina, el amianto o asbesto está prohibido desde hace unos 20 años. También en España. Los vagones adquiridos al Metro de España durante la gestión de Juan Pablo Piccardo en la Ciudad, en 2011, habrían sido construidos en la década de 1970. Los CAF 5000 circularon por el subte porteño a partir de 2013. En febrero de 2018, Sbase informó que los retiraba de circulación de la línea B luego de que se conociera que tienen asbesto en sus componentes eléctricos.

La denuncia de este martes ante los tribunales federales fue presentada por el funcionario porteño Edgardo Castro, ingeniero ambiental, inspector de trabajo y delegado general del gremio ATE. Castro también denunció a su jefe directo, Fernando Cohen, director general de Protección del Trabajo de la Ciudad.

Aseguran que podrían ser 60 los coches con amianto en línea B

PERFIL consultó al gobierno de la Ciudad e intentó comunicarse con todas las áreas mencionadas pero los voceros informaron que las consultas serían concentradas por Sbase (ver abajo). Sostuvieron que el gobierno de la Ciudad compró los vagones de “buena fe” y que el Metro de Madrid le ocultó que contenían esta sustancia cancerígena y prohibida en ambos países desde 2001.

Metrovías también contestó la consulta. La empresa que tiene la concesión del subte dijo: “Al momento de la compra de la flota CAF para la línea B no recibimos ninguna consulta ni advertencia respecto de ese material rodante y la posibilidad de que tuvieran componentes con asbesto”. “La compra de material rodante es una función exclusiva de Sbase”, se desligó la compañía.

Los funcionarios, con Macri y Larreta a la cabeza, fueron denunciados por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento. También por la violación a las normas que tienen relación directa con la comercialización, importación y uso del asbesto.

Castro solicitó que también se investigue a todo aquel que “haya participado en la compra y uso” de los trenes con amianto, y por la acción u omisión frente al conocimiento de que los trabajadores, sus familias y los pasajeros del subte pudieran haber estado en contacto con esta sustancia cancerígena. El asbesto o amianto se propaga por el aire y por el contacto con la ropa.

“Tienen en sus manos los expedientes y notas y reclamos correspondientes a las denuncias de asbesto, y todas las acciones claramente han sido tendientes a no accionar”, dijo Castro en su denuncia, a la que accedió este medio.


El caso

Si los vagones CAF 5000 fueron adquiridos en 2011, varios años después de que el amianto o asbesto sea declarado en Argentina, España y varios países como residuo peligroso, ¿sabía el entonces jefe de Gobierno porteño que estaba adquiriendo vagones con un material que podía provocar cáncer? ¿Se realizaron los controles adecuados para cerciorarse de qué tipo de material estaban ingresando al país? Esas son algunas de las preguntas que deberá contestar la Justicia. La denuncia quedó radicada ante el juzgado federal de Sebastián Ramos, de acuerdo al Centro de Información Judicial (CIJ).

“El 23 de septiembre de 2011, incluso, el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri y el presidente de Sbase, Juan Pablo Piccardo, estuvieron presentes e inspeccionaron personalmente uno de los coches, según relata El País”, dijo Castro en su denuncia.

Macri es ingeniero, como Castro, por lo que no podría desconocer los efectos del asbesto y la posibilidad de que se hubiera utilizado en la construcción de los vagones, resalta el denunciante en diálogo con PERFIL.

La Justicia también deberá investigar cuándo supieron las autoridades porteñas que los vagones contenían asbesto y eran riesgosos para la salud, por eso la denuncia alcanza a Rodríguez Larreta; y cuánto tiempo tardaron en retirar las formaciones de circulación y de los talleres donde podían estar en contacto con los trabajadores del subte después de conocer el problema.

En un informe, la OMS también reconoció que un tercio de las muertes por cáncer de origen laboral en el mundo son causadas por el asbesto, cita la denuncia. “Es más que evidente, que nunca debieron haber entrado esas formaciones a nuestro país, más aún cuando la venta a la Argentina ya era un acto ilícito. En nuestro país, en el Decreto 658/96, el asbesto se encuentra incorporado como agente causante de enfermedades profesionales” y “la Ley 24051 ha declarado al amianto dentro de los residuos peligrosos prohibidos”, agrega el escrito.


En España

El diario El País, de España, publicó en febrero último que una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre el asbesto determinó en sus conclusiones preliminares “que la empresa pública conoce el problema desde hace, al menos, 28 años”.

El medio español también informó que el “Metro (de Madrid) mantenía que descubrió en 2003 la presencia del material. Pero la información recabada por la comisión evidencia que fue hace 28 años (en 1991) y que la compañía se lo ocultó a sus trabajadores con grave riesgo para ellos. Los sindicatos ya denunciaron que no les informaron hasta 2017; un año después de que diagnosticaran asbestosis a un trabajador. Ya hay cuatro operarios con la afección reconocida; dos han muerto”.

En abril, se conoció un tercer caso mortal en España: un trabajador jubilado de 64 años. En Buenos Aires no hay víctimas fatales, pero habría al menos 11 trabajadores de los talleres del subte fueron diagnosticados en diciembre último, informó Castro. Los últimos detectados serían operarios de los talleres de Rancagua y Villa Urquiza de la B.

Los trabajadores de la Línea B fueron diagnosticados con placas pleurales, un engrosamiento de la pleural por la exposición al material contaminante Los efectos del asbesto pueden aparecer décadas después de la exposición a la sustancia. En el caso de los trabajadores de la línea B, habrían sido necesarios tan solo 8 años.


La respuesta oficial

PERFIL consultó al gobierno de la Ciudad e intentó comunicarse con todas las áreas mencionadas pero los voceros informaron que las consultas iban a ser concentradas por el Sbase. Ante la pregunta de por qué los vagones CAF 5000 habían sido considerados como la mejor opción de compra para la Ciudad, el organismo encargado de la operación del subte dijo:

“En 2008, el Poder Ejecutivo Nacional y el operador hicieron las pruebas técnicas de circulación de una unidad, que arrojaron resultados positivos. Finalmente, el Ejecutivo nunca afrontó la compra, la cual quedó en manos de Sbase, a través del presupuesto del Gobierno de la Ciudad. Asimismo, se obtuvo dictamen favorable de la Procuración General de la Ciudad”, que avaló a compra de los vagones.

Sbase agregó: “Al ser la línea B la más utilizada de la red, requería cuanto antes nuevas formaciones para mejorar la frecuencia y el confort de los usuarios. Comprar trenes nuevos implicaba una demora mayor, ya que tenían que mandarse a fabricar”, afirmó. Por eso, dice se optaron los vagones usados del Metro de Madrid.

“El contexto internacional y la imposibilidad de acceder a financiamiento por parte del Gobierno de la Ciudad —debido a la relación con el Gobierno nacional— hacían prácticamente imposible comprar trenes nuevos”, añadió el organismo.

—¿Qué tipo de estudios, análisis y controles se realizaron sobre los vagones CAF 5000 usados antes de concretar su compra?
—Se hicieron pruebas durante la recepción de los coches en cuestión por parte de técnicos de SBASE, junto con representantes técnicos de Metro de Madrid S.A. Además, se dispusieron los protocolos de intervención, es decir, los manuales de mantenimiento y la ejecución de las revisiones generales.

PERFIL también preguntó al organismo si existieron consultas oficiales a organismos españoles sobre el estado de los vagones y sus materiales antes de comprar los vagones. La respuesta fue: “El estado técnico de los trenes era el adecuado. Sin embargo se ocultó a la Ciudad la presencia de asbesto en algunos de los componentes. Es por eso que en este momento estamos en un litigio judicial en España contra el Metro de Madrid”.

—Teniendo en cuenta las leyes y decretos sobre importación al país de sustancias y materiales peligrosos para la salud (que en Argentina incluye el amianto/asbesto desde hace 20 años), ¿qué tipo de recaudos se realizaron para evitar violar la ley vigente?
—Subterráneos de Buenos Aires adquirió los trenes de buena fe y no se informó que los trenes contenían piezas con asbesto. Por eso no se podía saber de antemano y es ese el motivo por el que se inició una demanda legal contra el Metro de Madrid.

ED/FF


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