El abogado Daniel Igolnikov denunció hoy ante la Justicia a Ángelo Calcarterra por supuestos vínculos con el pago de coimas reconocidos por la empresa constructora brasileña Odebrecht. El primo del presidente Mauricio Macri no es el único sobre el que recae la presentación legal: el ministro de Energía, Juan José Aranguren y otros funcionarios de esa cartera, están en la mira.
El letrado que hizo la presentación es el mismo que presentó un "habeas corpus" en favor de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala. La denuncia recayó ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez. Allí se dispuso la recopilación de datos sobre tres grandes obras a cargo de la compañía de Marcelo Odebrecht en el país: una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos y el soterramiento del Sarmiento, adjudicado a Calcaterra, según detalla el diario Ámbito Financiero.
Hace quince días se conoció en los Estados Unidos un acuerdo judicial por el que las firmas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables de violar normas contra sobornos fuera del país. Según el documento, la primera de ellas pagó sobornos por más de u$s 35 millones en Argentina entre 2007 y 2014. El fiscal que intercede en el caso busca ahora pruebas del delito confesado que llevan a Brasil, como: licitaciones, presupuestos, cotizaciones, posibles sobreprecios y hasta mails de exfuncionarios.
La presentación no solo alcanza al familiar del jefe de Estado, sino que además incluye al ministro de Energía y a otros funcionarios de esa dependencia, los cuales mantuvieron en los últimos meses al menos tres encuentros cara a cara con enviados de la firma brasileña, agregan desde el medio citado.
"Entre la adjudicación obtenida en la administración kirchnerista y la macrista, existe una diferencia fundamental que agrava la responsabilidad gubernamental, porque es el Estado argentino quien le provee los fondos a Calcaterra, pues en la primigenia, era el adjudicatario el que debía proveerlos, y al hacer efectiva la adjudicación, cuyo origen espurio se encontraría evidenciado, el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito", indicó Daniel Igolnikov.
El denunciante solicita seguir la doctrina del iter criminis (recorrido del delito), la cual supone un antes y después del ilícito, con una sucesión de aconteceres, donde los que participan son cómplices o encubridores, como sería el caso del pariente del mandatario en el pago de coimas a los argentinos.
"Hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este Gobierno, que ha intervenido" en las 25 reuniones que menciona el diario La Nación, sea con funcionarios actuales o de la anterior gestión, agregó Igolnikov. Y remarcó: "Como ciudadano detesto que un hecho de presunta corrupción se investigue solo como propaganda partidaria, se viole el principio de inocencia y se vulnere el derecho a estar libre de prisión por la mera presunción y se continúen violando la Constitución Nacional y los tratados internacionales, como en el caso de Milagro Sala".
El defensor hace hincapié en el caso de la líder de la Tupac Amaru no por algo arbitrario, sino porque fue él el encargado de presentar un habeas corpus -que luego fue rechazado- en favor de Sala.
Igolnikov realizó el pedido de "inmediata liberación" de la dirigente social, quien permanece detenida hace casi un año en Jujuy, pero su solicitud fue desestimada por la Cámara Nacional en lo Criminal.
