La Argentina presentó hoy, en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se desarrolla en Aruba, un documento que señaló la "alarmante profundización" del "hostigamiento permanente del poder gubernamental" hacia la prensa. Además, nuestro país denunció la descalificación a periodistas y medios que incluyen casos de espionaje, escuchas telefónicas, trabas y discriminaciones en el acceso a la información pública, junto a un "plan estatal y sistemático" de avanzar contra Papel Prensa.
En su discurso inaugural, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa, Robert Rivard, comparó las agresiones y descalificaciones a la libertad de prensa en la Argentina con las que existen en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, "donde los gobernantes llevan a cabo campañas que buscan afectar la credibilidad de los medios y manipular al pueblo".
En el informe argentino, que efectuó en la primera sesión de ese Comité Francisco Montes, del Diario de Cuyo de San Juan, se señaló que la calidad de un Gobierno y de una democracia "se pueden medir por el grado de libertad de expresión y de prensa que gozan sus ciudadanos".
"En la actualidad, el debilitamiento de las instituciones republicanas no se consigue por la fuerza, sino dominando a la prensa y a los medios de comunicación", agregó Montes.
Según el documento, la tensión actual en el país se debe a "las fricciones entre la vocación permanente de los medios por informar y los supuestos fantasmas que detecta permanentemente el Gobierno en ese libre ejercicio".
Para Montes, "otra característica de los gobiernos actuales es la homogenización del discurso gubernamental que demuestra otra forma de autoritarismo".
El relato de lo sucedido durante los últimos meses en la Argentina en materia de libertad de prensa incluyó menciones al "desprestigio, difamación e intimidaciones a los medios y periodistas, (...) hostigamientos y descalificaciones a periodistas durante actos públicos por el solo hecho de preguntar o cumplir con su deber y la exclusión de profesionales de algunos medios en conferencias de prensa".
El documento aludió con gravedad a la "búsqueda de conflictos con los medios" como parte de "un plan sistemático llevado adelante por diversos organismos del Estado, para intentar controlar la empresa privada de fabricación de papel (Papel Prensa), insumo básico en la producción de periódicos", a través de una serie de medidas administrativas y judiciales "destinadas a entorpecer la gestión, intervenir en sus políticas comerciales y preparar el terreno para una pretendida intervención judicial".
El Informe señaló además que en la Argentina, "mientras los diarios encuentran en el deterioro institucional una fuente inagotable de material para sus informaciones o sus opiniones, el Gobierno insiste con encuadrarlo dentro de alguna conspiración corporativa destinada a desestabilizarlo".
Según añadió Montes, el propio caudal informativo de los medios demuestra que la difusión de la realidad "no proviene de ningún capricho ni intento corporativo", sino que se refiere al seguimiento de los temas "que instala el propio Gobierno y que por lo tanto requieren difusión y análisis".
El informe explicó que el discurso oficial supone "que todo lo que hace está bien y que en consecuencia si recibe alguna clase de objeción será por algún interés oculto".
Al respecto, señaló que la agenda informativa no ha tenido en los últimos tiempos investigaciones periodísticas, sino actos de Gobierno, como las retenciones móviles de 2008, la Ley de Medios en 2009 y últimamente los DNU que propiciaron el uso de reservas del Banco Central para el pago de la deuda, los que "disparó un foco de fricción entre los otros dos poderes del Estado y los medios".
Fuente: DyN
