El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, siempre supo que lo esperaba una labor complicada en el distrito más populoso del país, sin embargo nunca imaginó que a menos de diez días de asumir iba a tener sus tantas palos en la rueda.
Cuando todavía no se repone de la violenta toma del Ministerio de Desarrollo Humano en La Plata, la gestión Scioli reclamó a través del flamante ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli, la devolución de casi 300 teléfonos celulares que se llevaron consigo los funcionarios salientes de la gestión de Felipe Solá.
Es sabido que la relación de Scioli con Solá no fue de las mejores durante las dos semanas de transición que tuvo la Buenos Aires. Allí, el ex vicegobernador acusó sin disimulo al actual diputado de dejarle una provincia con fuerte déficit en sus arcas.
Sin embargo, pese a las críticas efectuadas por Scioli, era difícil imaginar que funcionarios de la ex cartera a cargo de León Arslanián “no devolvieran 298 teléfono celulares”, según señalaron voceros del ex fiscal federal Stornelli.
Es por esta razón, que las autoridades actuales de la cartera política “intimaron a sus poseedores para que reintegren” los teléfonos al Ministerio, según informaron a la agencia DyN fuentes vinculadas al flamante ministro.
“Los teléfonos celulares pertenecen al Ministerio de Seguridad y obviamente los gastos que generaron son pagados por el Gobierno bonaerense", sostuvieron los voceros de la cartera política.
Otra mala. La Corte Suprema de Justicia resolvió hoy prohibir al gobierno bonaerense exigir el pago de adicionales al impuesto inmobiliario urbano y los tributos que pesan sobre automotores y embarcaciones deportivas o de recreación.
Un comunicado de prensa de la Corte señaló que el tribunal dispuso la medida hasta tanto se resuelva al planteo de inconstitucionalidad mediante el cual fue impugnada la ley provincial 13.648, que establece un adicional a los impuestos "Inmobiliario Urbano, a los Automotores y a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación".
Puntualmente, la Corte dictó una medida cautelar mediante la que prohibió al gobierno de Daniel Scioli "liquidar, reclamar, intimar o proseguir con la exigencia del pago de los adicionales establecidos en la ley local 13.648, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa".
El Estado bonaerense estableció una serie de impuestos, que abarca, además, a "las personas físicas y sucesiones indivisas contribuyentes de los referidos tributos, que posean bienes en la República Argentina y en el exterior, cuyo valor en conjunto, al 31 de diciembre de cada año, supere la suma de 500 mil pesos".
Según señala el comunicado, el tribunal ordenó al gobierno provincial abstenerse de exigir pagos adicionales hasta que la justicia determine si el Estado bonaerense "se ha excedido en sus potestades tributarias", como sostiene un ciudadano particular que planteó ante la justicia la inconstitucionalidad de la ley.
Al respecto, fuentes de la Subsecretaría de Ingresos Públicos bonaerense, que conduce Santiago Montoya, aseguraron a DyN que la prohibición de la Corte se circunscribe al caso de ese ciudadano en particular.
Fuente: DYN