El juez federal de Posadas Ramón Claudio Chávez procesó y dictó la prisión preventiva del ex jefe del ejército Cristino Nicolaides por asociación ilícita, torturas y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 23 personas durante la última dictadura militar en Misiones.
La resolución que se conoció hoy, que contempla un embargo por 500 mil pesos al ex general, es la primera de ese tipo que surge de la justicia federal de esta provincia respecto de los casos de violaciones a los derechos humanos que se registraron en el período 1976-1983.
La causa, entre otras 39 que se analizan en ese fuero, fue entablada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, a cargo de Amelia Báez, en la que figuran como damnificados en gran mayoría ciudadanos misioneros.
Entre los casos de la demanda figuran los de María Graciela Franzen, ex subsecretaria de Derechos Humanos; Alfredo González, ex decano de la Universidad de Misiones (desaparecido); Julio César Capli, periodista; Mario Julio Gómez, gremialista; Juan Marcelo Quirelli, ex gobernador interino; Héctor Alfredo Escobar, subsecretario de Bienestar Social; Aníbal Rigoberto Velázquez, titular del gremio de docentes universitarios, además de militantes, dirigentes agrarios, docentes y estudiantes.
La resolución judicial también contempla los casos de torturas seguidas de muerte de Pedro Orestes Peczak, Susana Ferreira, Carlos Zamudio, Julio Benítez y Anselmo Hippler, de los que responsabiliza al ex jefe militar en calidad de autor. Nicolaides fue citado a declarar por el juez Chávez en abril pasado, pero no se presentó por su estado de salud. El ex jefe del Ejército encabezaba una lista de once militares a quienes se acusa de organizar la represión en la región.
Nicolaides fue jefe del Ejército de diciembre de 1981 a julio de 1982. Antes, entre abril de 1976 y enero de 1978, estuvo a cargo de la Brigada de Infantería VII y de la subzona 23 del II Cuerpo de Ejército (Misiones, Chaco, Formosa y parte de Corrientes); y entre diciembre de 1980 y el mismo mes de 1981 fue jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba.
El ex jefe militar está imputado en diversas causas por violaciones a los derechos humanos, incluida una por sustracción de hijos nacidos de mujeres secuestradas y desaparecidas, y supresión de identidad. Con respecto al fallo, el abogado Juan Martínez, patrocinante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, dijo que la postura de los "organismos de defensa de los derechos humanos es que estas personas estén en cárceles comunes y como en su mayoría son de edad avanzada, cumplen prisión domiciliaria".
En tanto, una de las víctimas, Augusto Speratti, manifestó hoy con respecto al fallo que, "a los que nos tocó vivir esa situación es nada más que justicia, no sólo por todo lo que hemos pasado, sino también por las miles de personas desaparecidas y compañeras violadas".
Speratti recordó con "dolor" y "tristeza" la madrugada en que un grupo especial lo detuvo en su domicilio, tras lo cual afrontó momentos "desesperantes" por haber sido trasladado a diferentes centros clandestinos, en distintos puntos del país, hasta recuperar la libertad a fines de diciembre de 1977.
Fuente: DyN
