La alianza oficialista Cambiemos consiguió en Diputados convertir en ley el proyecto de Acceso a la Información Pública al rechazar sobre tablas las modificaciones realizadas en el Senado e imponer la versión original sancionada en la Cámara baja con una amplia mayoría que incluyó también a los representantes del Frente para la Victoria.
La propuesta fue incluida en el temario de la sesión ordinaria, convocada para tratar un paquete de proyectos consensuados, por pedido del oficialismo y fue sancionada con 182 votos afirmativos y 16 en contra, que correspondieron a los representantes de Progresistas, el Frente Cívico por Santiago y el Frente de Izquierda.
"Efectivamente, el Senado modificó tres artículos del proyecto y luego de las consultas con todos los bloques hemos llegado a la conclusión que esta cámara insista en la sanción originaria de la Cámara", esgrimió Pablo Tonelli (Unión PRO) para pedir que se debata la propuesta impulsada por el Ejecutivo.
El proyecto había obtenido la media sanción de Diputados el 18 de mayo pasado con 229 votos afirmativos, lo que fue calificado como "una rotunda mayoría" por la macrista Silvia Lospennato.
El oficialismo ya había manifestado su disidencia con las modificaciones aplicadas la semana pasada en la Cámara alta que fueron motorizadas por los bloques del PJ- Frente para la Victoria, Movimiento Popular Neuquino y Fernando "Pino" Solanas, entre otros, que coincidieron en cambiar un artículo e incluir entre los entes que deben brindar información al público a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
Justamente desde Cambiemos se argumentó que si se elimina la restricción, las empresas con participación minoritaria del Estado deben brindar su información no sólo sobre la participación estatal sino también a su competencia.
Con ese artículo, el oficialismo pretendía evitar que empresas como YPF tengan que revelar detalles de sus operaciones, ya que varios legisladores reclamaron en forma reiterada que se revelen detalles del acuerdo entre la petrolera argentina y Chevron por la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta.
Sin embargo, la radical Karina Banfi, una de las promotoras de la propuesta, aclaró que la decisión de rechazar los cambios del Senado "no sólo es por YPF sino por cualquier otra empresa pública".
"No hay que mirar las excepciones sino los sujetos obligados. Las empresas están contempladas tanto las que tienen participación de mayoría estatal como minoritaria", agregó.
En declaraciones a la prensa, Banfi consideró que "las modificaciones del Senado no son de fondo sino que son criterios que nosotros discutimos bastante en Diputados y lo que queríamos preservar era el consenso que se había logrado en la Cámara".
En este contexto, la legisladora también señaló que esta ley corre para los otros dos poderes y avisó que "la Corte Suprema va a tener que presentar las declaraciones juradas y además las va a tener que publicar".
De esta manera también se dejó sin efecto el cambio impuesto por el Senado que establecía que el director de la Agencia de Información Pública debía contar con el acuerdo del Senado.
Asimismo, se restituyó el artículo que indica que no puede ser titular de la Agencia quien haya ostentado cargos políticos o partidarios hasta cinco años antes de su designación.
