La decisión de la presidente Cristina Fernández de Kirchner de poner el control del tránsito aerocomercial bajo la órbita de la Fuerza Aérea hizo que en el entorno se generen dudas y temores en torno al futuro del área.
Por un lado, el secretario general de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), Omar Torres, exigió garantías para la preservación y continuidad del régimen laboral. El funcionario se reunió con el ministro de Defensa, Arturo Puricelli y le hizo saber la preocupación de todos los controladores por su situación laboral, según informó Ámbito Financiero.
El gremio de Torres además se distanció de la medida adoptada por la gente de Ricardo Cirielli "ATEPSA agrupa la mayoría de los controladores aéreos que no tuvieron nada que ver con las medidas adoptadas por un puñado de colegas", señaló.
"Le recordé al ministro que a principios de año le habíamos anticipado que la gente de Cirielli no tenía nada que ver en nuestro ambiente de controladores, que eran sólo 10 o 12 exmilitares que se sumaron a sus filas, pero que querían guerra, el tiempo nos dio la razón", agregó Torres quien no ocultó que "el decreto de traspaso a la Fuerza Aérea nos perjudicó e intranquilizó a los compañeros".
El problema es que el reducido grupo de controladores enrolados con Cirielli supervisa en cada uno de los turnos de trabajo en la ACC Ezeiza (el centro de control). Torres también se reunió con el brigadier mayor Marcelo Ayerdi, actual comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Fuerza Aérea Argentina.
Incertidumbre militar. El decreto de 2006 de Néstor Kirchner pasó el control áereo a la esfera civil. Ahora Cristina se lo devolvió a los militares. Pero ya hubo quejas: "Nos transfieren la responsabilidad, pero no todas las atribuciones", reflexionó ayer un oficial retirado de la Fuerza Aérea, según informó La Nación.
Al parecer, la inquietud de muchos oficiales aeronáuticos pasa por la indefinición acerca de los recursos con que contará la fuerza para asumir parte de las funciones que venía cumpliendo la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El traspaso a su área implica que unos 900 controladores aéreos irán a la jurisdicción militar.