La Auditoría General de la Nación emitió un duro informe en el que revela una serie de irregularidades en la construcción de viviendas llevadas a cabo por la fundación Madres de Plaza de Mayo a través del Programa “Sueños Compartidos” gerenciado por los apoderados de la institución, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender cuyo accionar se encuentra bajo la mira de la justicia federal a cargo del juez Marcelo Martínez Di Giorgi por supuesta asociación ilícita y millonarios desvíos de fondos.
La AGN llevó a cabo un relevamiento en base a datos recabados y documentación que facilitó el titular del juzgado federal N° 8 en base a un pedido que la oposición realizara en el Congreso de la Nación cuando saltó a la luz esta presunta estafa a los fondos públicos.
Los auditores se remitieron a la construcción de viviendas 4757 viviendas por $1295 millones de pesos durante el período 2005 a 2011 en el que se detallan la asignación, gestión y aplicación de los fondos públicos nacionales transferidos o abonados en forma directa o a través de otras jurisdicciones, provinciales o municipales, a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El presidente de la Auditoría, Leandro Despouy expuso hoy ante sus pares en detalle las “irregularidades e ilegalidades detectadas” a través de un power point que facilitó la aprobación de este informe que ya se encuentra en manos de la Justicia federal.
Irregularidades. Hubo ausencia de control del Gobierno Nacional, la Contratación Directa vulneró principios de las contrataciones públicas y facilitó la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos, se advirtieron deficiencias en las rendiciones de cuentas, la Fundación no cumplió sus responsabilidades como Empleador, y el abandono de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como constructora afectó la ejecución del Programa - Julio de 2011.
Además, explica el informe que se verificaron deficiencias en los aspectos legales, técnicos y de gestión, que afectaron los resultados tanto en la cantidad como la calidad de las viviendas además de denuncias de falsificación de documentos públicos.
“La falta de mecanismos de adjudicación de las viviendas previamente definidos para los destinatarios de ellas, otorgando posesión a titulo precario, da lugar a arbitrariedades, clientelismo y a la utilización de criterios disímiles de cada jurisdicción… y la precariedad en la tenencia es el común denominador en las obras donde se produjo la entrega de viviendas”, detalla el lapidario informe.
Desvío de fondos. El informe especifica que se detectaron pagos a personas físicas y jurídicas por un monto de $ 52.149.460. Entre esos pagos, Sergio Schoklender recibió $23.189.924 millones de pesos, su empresa constructora Meldorek S.A $4.010.409, su hermano Pablo $13.334.540, Antártica Argentina S.A $ 3.736.300, Ipticket S.R.L $3.503.896 y otros fueron beneficiados por $ 4.374.390.
Explican los auditores que existiría un faltante de $42 millones de pesos, monto cuyo ingreso no ha podido constatarse a las cuentas corrientes del Programa “Sueños Compartidos”.
Además, se detectaron pagos a personas físicas, en forma sistemática, con cheques por sumas inferiores a $ 50.000 cobrados por ventanilla, por un monto total de $ 30.000.000. Sin embargo, una sola persona cobró la suma de $ 4 millones mediante 85 cheques. Las mismas personas han operado cuentas de la Fundación, por lo que podría tratarse de empleados de la entidad o tener alguna vinculación contractual, señalan los auditores.
Además, se hallaron pagos a funcionarios públicos, tanto de nivel nacional como provincial, que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras realizadas por la FMDPM por una suma de $ 225.000.
Conclusión técnica. Se convinieron 4757 viviendas y se terminaron 822 con una inversión total de $1295 millones de pesos de los cuales se invirtió $ 541 millones. Estos datos arroja un saldo de 30 % de viviendas terminadas con un 70 % de fondos ejecutados.
El informe publicado en la página de la Auditoría General de la Nación fue suscripto por todos los auditores que conforman el cuerpo que controla los fondos del estado nacional.
