El juez Axel López retomó su trabajo tras haber sido sobreseído en el jury que se llevó a cabo en su contra por supuesto mal desempeño en sus funciones por el Tribunal de Enjuiciamiento.
El juez López estuvo acusado por haber otorgado salidas transitorias a Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones. Cabeza asesinó a Tatiana Kolodziey durante una de sus salidas en el marco de la libertad condicional que el magistrado le había otorgado.
Como adelantó el domingo el diario PERFIL, el López había pedido licencia pero no se la otorgaron por la “escasez de jueces de ejecución”.
En los 31 casos que antecedieron al de López, el Tribunal de Enjuiciamiento siempre optó por suspender en sus funciones a los jueces mientras eran juzgados. Pero la cuestión de la Justicia de Ejecución es diferente.
Argentina, cuenta con tan sólo dos jueces de Ejecución nombrado por Ley. Se trata de Axel López, a cargo del juzgado 3 y Marcelo Peluzzi a cargo del juzgado 2. Si bien hay cinco juzgaos creados, sólo cuatro trabajan, pero dos de ellos con secretarios letrados que subrogan.
Perfil.com habló en exclusiva con Leandro Halperin, especialista en Derechos Humanos, educación en cárceles, sistema carcelario, docente universitario y constitucionalista.
—¿Cuál es la situación de los jueces de ejecución?
—Son pocos, están todos en Capital y no tienen recursos.
—¿De qué institución u organismo depende la resolución de esta problemática?
—La designación de los jueces depende del Consejo de la Magistratura, y del Ejecutivo ponerlo en marcha porque tienen que mandar recursos al poder judicial y del Congreso que debe emitir leyes.
En realidad es el Estado el responsable. El sistema funciona mal porque ninguno de los tres poderes hace esfuerzos para que la justicia de ejecución de la pena, pueda verificar las condiciones de la ley en el transcurso de la pena privativa de la libertad. Funciona todo mal. Los jueces deberían verificar durante todo el transcurso de la pena, que ésta se cumpla en el marco de lo que la ley ordena, y eso no implica sólo que las personas estén privadas de su libertado sino también motivar para la vuelta al medio libre y que no reincida.Y eso se hace con herramientas que la justicia no tiene para verificar y con herramientas que el servicio penitenciario no usa a la hora de implementar.
—¿Cómo sería el proceso?
—Existen distintas etapas en la ejecución de la pena que van desde la observación hasta la prueba a partir de lo cual, las personas privadas de la libertad pueden empezar a salir con medidas de pre-libertad que están verificadas solamente por el Servicio Penitenciario que es un organismo que no está preparado para llevar adelante esta tarea. Los jueces se manejan con lo que le dicen los del Servicio Penitenciario, es como el fruto del árbol prohibido a la inversa, hacen todo mal y después se pretende que alguien evalué todo bien para que se haga todo mal.
—¿Usted cree que en el caso de López, no fue una falla del magistrado sino del sistema?
—No sé si hubo una falla de Axel López porque no vi el expediente para poder opinar. Lo que digo es que un preso para poder acceder a los beneficios que se tienen en la cárcel antes de la libertad tiene que llegar a la etapa de prueba, lo que se conoce como Tratamiento Penitenciario, vos pasas de la etapa de observación, ya que son cinco etapas, hasta llegar a la de prueba. En la última etapa informada por los penitenciarios, el juez resuelve si el reo está en condiciones de acceder a los beneficios de libertad asistida. Analiza si se libera o no una persona. Pero es el servicio penitenciario te va fijando los objetivos para ir pasando las etapas o grados, para llamarlo de alguna manera, y el que supervisa y decide si estás preparado para la siguiente etapa.
La última etapa, que es la de prueba, involucra medidas de pre libertad. Cuando el servicio penitenciario te coloca en ese lugar implica que vos estás en condiciones de poder empezar a salir, entonces los jueces no tienen muchas observaciones para hacer sobre si vos estás en condiciones para salir o no desde la proyección. Salvo que vos no estés puesto en esa etapa por el servicio penitenciario, los jueces, tiene que ceñirse a la ley. Y lo que está mal no es la ley o un funcionario, lo que está mal es el sistema entero porque el servicio penitenciario hace muy poco para que los presos no reincidas, te diría que hace todo o mucho para que si reincidan. Son ellos mismos, los que evalúan a los presos para saber si están en condiciones o no de volver a salir.
—¿Cómo debería funcionar? ¿El Congreso debería modificar la ley, el ejecutivo ampliar fondos?
—En primer lugar se debería reformar el sistema penitenciario mismo, no puede ser que una fuerza de seguridad, lleve adelante lo que la ley llama tratamiento en contexto de encierro, porque el que está preparado para golpear no está preparado para motivar para la libertad , no conflictiva por lo menos. Lo primero que debería hacerse es separar seguridad, de lo que la ley llama tratamiento en contexto de encierro. Lo que es seguridad debería delegarse en una fuerza de seguridad, parecida al servicio penitenciario. Lo que es tratamiento, debería derivarse a un cuerpo de civiles, profesionales especializados en reducir el daño que la cárcel provoca y en generar oportunidades para que cuando la gente vuelva a la calle, lo haga de manera no conflictiva. En segundo lugar le daría recursos a la justicia para que monitoree efectivamente ese proceso, y no que un hombre (juez) desde capital federal verifique lo que hace el servicio penitenciario, en Rawson o en Chaco, o en Esquel, que es lo que hoy pasa. Es decir está hecho para que fracase. Para que fracase preso, para que fracase el servicio penitenciario y para que fracase le juez. Por lo tanto está hecho para que la sociedad fracase.
—¿O sea que debería haber jueces de ejecución en cada jurisdicción?
—O que los presos estén en la jurisdicción donde haya jueces de ejecución y que a su vez, los jueces y los juzgados estén integrados por profesionales que puedan evaluar técnicamente con seriedad la evolución de la pena para dar esas medidas previas a la libertad. Hoy los jueces y los juzgados, no tienen los recursos. Pareciera que el estado quiere que salga todo mal porque no le dan los recursos quizás con ese mismo fin. Criticamos cuando sale todo mal pero no hacemos nada para que las cosas funcionen. Eso es una hipócrita, está todo preparado para que el preso reincida y cuando reincide nos asustamos. Entonces si lo que se busca es cortar ese circuito perverso, entonces hay que invertir no sólo financieramente, sino desde lo político, es decir acordar políticas de estado que reduzcan el daño que la cárcel provoca, que le permitan a la justicia verificar que lo que la ley dice se cumple y que motiven para la integración no conflictiva al preso. Mientras vayamos en el sentido contrario, la excepción se transforma en regla.
