Julio César Cobos supone que el gobierno que él decidió integrar ha sido copado definitivamente por Néstor Kirchner y no se lo aguanta. Al vicepresidente tampoco le cae nada bien la inusitada crispación que, de arriba para abajo, transmite la cúpula gubernamental hacia la sociedad. Apenas el jueves por la noche, tras el intempestivo desaguisado que cometió la AFIP contra Clarín, según gente de su confianza a instancias del ex presidente, Cobos se quedó algo más tranquilo cuando su equipo político le señaló que quien había desactivado la incursión mixta compuesta por sabuesos impositivos y servicios de inteligencia, había sido Cristina Fernández de Kirchner.
Esa misma tarde, el vicepresidente había cruzado definitivamente el Rubicón en su relación con el Gobierno, cuando se puso al frente de una parte sustantiva de la oposición, para advertir que si el Proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual se convierte en Ley, su sanción será revisada cuando cambie la composición de las dos Cámaras. Esa actitud provocó una catarata de críticas oficiales y pedidos de renuncia, pero como Cobos sabe que está jugando una carrera contra el desgaste del Gobierno, no se va a ir, por ahora, "por motivos institucionales", ya que está convencido, dicen en su entorno, de que representa un freno a la hegemonía que pretende ejercer Kirchner.
Su famoso voto no positivo había sido un problema casi de conciencia para el vicepresidente, que lo llevó hasta pedir perdón, pero esta vez, hundió el cuchillo hasta el fondo porque evalúa, añaden a su alrededor, que la Presidenta está siendo esmerilada aceleradamente desde dentro de su propio gobierno, debido a la compulsión que padece por difundir buenas noticias a como dé lugar o por mostrar acción contra las llamadas fuerzas del mal, encarnadas hoy en los dirigentes del agro y en el Grupo Clarín.
De modo bien objetivo, vale recordar los fallidos que tuvo Cristina durante las últimas semanas, cuando confundió sumas blanqueadas con recaudación impositiva o cuando dijo que nunca se enviaron proyectos de Ley de Medios en democracia o este viernes mismo, cuando con bombos y platillos anunció el envío de un Proyecto de ley que elimina los delitos de calumnias e injurias, mientras existen otros 7 (tres del oficialismo) con estado parlamentario, durmiendo en el Congreso. Esta columna se preguntaba la semana anterior si eran simples casualidades o si los asesores le están pasando, adrede, como barrunta Cobos, una letra inadecuada.
Sin ir más lejos, el jueves, cuando Cristina detalló de modo bien didáctico cómo se van a efectuar los reintegros a los pequeños y medianos productores de trigo y maíz y por qué no se pueden instrumentar de otra forma, la prensa adicta la volvió a dejar mal parada con épicos titulares sobre ilusorias bajas de retenciones, destinados solo a irritar a la gente del campo, que decidió no ir al anuncio, para no convertirse en parte de la claque. Ambos anuncios se realizaron a través de la cadena oficial de radio y televisión y si bien usarla es potestad de la Presidencia, sobre todo cuando hay hechos que lo justifican por su repercusión pública, desde la extrema sensibilidad que hay en el ambiente muchos tomaron la ligereza de ambas emisiones en cadena como sendas mojadas de oreja al campo y a la prensa, los enemigos a vencer.
Pero lo que rompió todos los moldes fue la incursión militarizada contra el edificio de Clarín y contra algunas otras empresas y directivos del Grupo. Los funcionarios de la AFIP llegaron cinematográficamente a bordo de camionetas de color negro casi del estilo SWAT y cuentan los periodistas que estaban en la redacciones de Clarín, Olé y La Razón que los veían desde las ventanas, que se desplegaron codo a codo en las veredas de toda la manzana y que metían miedo, ya que se asemejaban, prestos a avanzar en bloque, a una fuerza de choque similar a la de un batallón de soldados de clones, más propio de la Guerra de las Galaxias que de un procedimiento impositivo. En verdad, el espectáculo, tan inquietante en la visualización, fue una puesta en escena casi de vodeville, ya que nadie sabía muy bien qué papel cumplir y los jefes tampoco conocían a quien reportaban. Además, si el Gobierno pretendía encontrar irregularidades para mostrarlas de modo ejemplificador debió saber desde antes que se trata de algo casi imposible de hallar en una compañía que está obligada a la transparencia, por su condición de participante del mercado de oferta pública.
Desde lo político, toda la locura que generó la incursión de los inspectores y su inmediata difusión al mundo, sobre todo vía Internet, obligó a las autoridades detenerla por la mitad, mientras el número uno de la AFIP, Ricardo Echegaray se cavaba su propia tumba oficializando “un operativo de rutina” ante la prensa y casi simultáneamente negando su conocimiento ante las autoridades de Clarín, junto al envío de una nota en la que se inmolaba en pro de la causa, ya que admitía que había sido pasado por encima por sus propios subordinados. Sin embargo, el ruido mayor lo hizo el viernes por la mañana el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández quien, amparado en su envidiable cintura comunicacional, trató de convencer a la audiencia de una radio que el Gobierno no fue quien dio la instrucción, sino que había sido una víctima, ya que, a su juicio, "alguien ha cobrado para llevar a la práctica esta acción y dejar al Gobierno mal parado. Daremos cuenta de los responsables y se irán a su casa", prometió sin ruborizarse AF, en un símil a la distancia de aquel imborrable inspector Renault, que cazaba a los sospechosos de siempre en la mítica Casablanca.
Desde lo conceptual, el discurso de Aníbal Fernández intentó justificar que, ante la grave divergencia de ideas que existe entre ambos, "sería de estúpidos" y habría que tener "una mentalidad absolutamente atrofiada para suponer que el Gobierno, en semejante conflicto como estamos nosotros en este momento con el monopolio Clarín, va a hacer una cosa de esas características". Si de estupideces se habla, lo que resultó más que evidente en medio de las discuiones por la ley de medios, que fue la AFIP la que ejecutó, desde el punto de vista del producto, una acción del más puro antimarketing, mucho peor si fue impulsada por Kirchner, en línea directa con Echegaray o aún puenteándolo, ya que se supone que se trata del principal asesor de la Presidenta.
El mismo Fernández terció para aclarar ese mito, cuando dijo que el ex presidente "no tiene nada que ver con la gestión de Gobierno" y agregó que a él no da órdenes "y si no me las da a mí, yo garantizo que nadie de la gestión recibe órdenes de Néstor Kirchner".
Pese a tantos vericuetos y excusas, lo concreto es que el hecho intimidatorio ocurrió y que fue tan grosero y desmedido que se hizo sentir no sólo en el ambiente periodístico, ya que puso en guardia a las entidades gremiales empresarias, sino también entre los políticos de la oposición, aunque probablemente también haya calado hondo en el interior de muchos oficialistas que estaban dispuestos a levantar su mano. Según una fuente gubernamental a la que tuvo acceso DyN, desde lo político, la primera preocupación de Cristina estuvo referida a evitar que la desafortunada incursión de la AFIP pudiera ser interpretada por la opinión pública como una muestra de lo que se puede venir en materia de libertad de prensa. En la evaluación de daños, seguro que la Presidenta constató que, de modo inmediato, su Gobierno quedó pegado a la acción de los gobiernos de Ecuador y Venezuela y a sus leyes restrictivas.
La propia Cristina se autoreferenció el viernes para dirigirse al público interno y tratar de mitigar el daño que sintió que le había ocasionado al Proyecto la incursión contra Clarín, cuando señaló frente a autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuál es su modo de entender la libertad, los derechos humanos y la participación democrática: "yo prefiero mil millones de mentiras antes que cerrar la boca o ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien", dijo.
Y dobló la apuesta: "Y si se me permite, desafío a cualquier archivo, a cualquier memoria, a cualquier prueba, que no ha habido mayor libertad para hablar de las autoridades de un país que durante el gobierno de la primera presidenta mujer de la República Argentina", agregó.
Sin embargo, el ataque desembozado contra Clarín, que sucede después de varias acciones gubernamentales de diferente cuño destinadas a perjudicar a ese grupo de medios, dejó al descubierto que si hay voluntad totalitaria en los gobiernos –no sólo éste, sino también los que lo sucedan- siempre se podrá avanzar contra la prensa independiente desde todos sus dependencias (impositivas, comerciales, legales, regulatorias, etc.) bajo la excusa del contralor estatal. En esas condiciones, la posibilidad de regimentar la opinión será un hecho bien concreto.
Lo que es hoy una batalla contra el Grupo Clarín casi exclusivamente focalizada en los medios audiovisuales, bien podría derivar en presión hacia las demás modalidades de informar y mucho más hacia quienes no tengan las anchas espaldas que tiene un multimedios. Una ley que avance sobre la libertad de expresión, con artículos que supeditan a la prensa a la discrecionalidad del gobierno de turno dejará seguramente más desprotegidos que ahora a muchos periodistas independientes, dueños de opiniones plurales que bien podrían sucumbir ante una simple inspección impositiva o ante la tentación de los avisos oficiales.
(*) Agencia DYN
