Un empresario de medios y tres jueces están presos en Santiago del Estero acusados de estafa al gobierno tucumano por un monto de 7 millones de pesos. Al dueño de LV7, la radio más escuchada del norte argentino, lo detuvieron hace diez días en Buenos Aires. Se trata de Luis Manuel Pericas, que es el protagonista de esta historia.
Pericas (56) había firmado un acuerdo de pauta publicitaria con el gobierno de Tucumán en 2014, en la previa a las elecciones presidenciales. Pero pasaban los meses y no cobraba. Para recuperar el dinero que le correspondía, acudió a los jueces del crimen de Santiago del Estero, que libraron cautelares y embargaron la coparticipación de la provincia de Tucumán.
Los jueces están presos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato (dictar una medida contraria a derecho). Se trata de Ramón Tarchini Saavedra, Lucrecia Martínez Llanos y Miguel Angel Moreno. Dos de ellos están en sanatorios, por problemas de salud, y otro en una dependencia policial. Pericas también está en una dependencia policial.
Lo que se les cuestiona a los jueces es que se metieron fuera de su jurisdicción para facilitarle a Pericas el cobro de la pauta publicitaria. A Pericas se lo acusa de defraudación calificada. Pero no está procesado, está imputado, y por eso su abogado, Adolfo Suárez, dice que la detención es ilegal. “Lo detuvieron mientras disertaba en la Asociación de Radiodifusores (ARPA), en Buenos Aires. Entraron sin orden de allanamiento y se lo llevaron”, explicó Suárez a PERFIL.
Para Suárez, la detención del empresario es parte de una maniobra de José Alperovich, el ex gobernador tucumano, y de Manzur, su sucesor, para quedarse con la radio, como ya hicieron, según denuncia, con LV12, otra frecuencia de Tucumán.
Y sostiene que hay antecedentes: asegura que antes de este episodio, Alperovich, siendo gobernador, envió operadores para censurar un programa de radio y para pedir la “cabeza” de una periodista. También para prohibir que en la emisora se hablara del presunto fraude en las elecciones tucumanas.
En Santiago dicen que hay una filmación de un secretario de juzgado de uno de los jueces que acompaña a Pericas al banco a retirar parte del dinero de la pauta, y que se queda con un sobre. El secretario también está preso. Ahí la historia se complicaría, porque podrían acusar al menos a uno de los jueces de quedarse con parte del dinero a cambio de dictar la cautelar. Pero no está probado. El propio juez que lleva la investigación, Darío Alarcón, también está cuestionado por la misma causa, porque libró oficios para que Pericas pudiera cobrar la pauta antes de la polémica.