El Gobierno nacional analiza si hará o no uso de la opción de ampliar su participación accionaria en Aerolíneas Argentinas, en el marco del convenio que firmó con los accionistas principales de la compañía (el grupo español Marsans) en noviembre del año pasado.
La fecha límite para resolver es el 23 de este mes, y el Estado argentino puede extender su participación de un 5 por ciento actual hasta un máximo de 20 por ciento.
Fuentes gubernamentales refirieron que "el Gobierno esta evaluando lo que va a hacer" y agregaron que a tal efecto "se están haciendo los estudios correspondientes".
Para antes de esa fecha límite se espera la llegada al país del jefe del Gobierno de España, José Luis Rodriguez Zapatero, y directivos de empresas españolas con intereses en la Argentina entre quienes estarán los dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.
La posible mayor participación del Estado "podría hacerse vía aportes de capital, compensación de deudas, o cualquier instrumento que las partes dispongan", explicaron las mismas fuentes oficiales.
La evaluación gubernamental sobre una mayor participación en Aerolíneas se realiza en el contexto de un análisis del grado de cumplimiento del programa que la empresa anunció y activó para recuperar la capacidad operativa de la compañía.
Al respecto, desde la Secretaría de Transporte se conoció en las últimas horas cierta disconformidad del Gobierno acerca de la forma en que está siendo gestionada la aerolínea de bandera.
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, remarcó hoy que "les dijimos a Aerolíneas Argentinas y también a LAN que no vienen cumpliendo sus planes presentados hace dos años, y les pedimos que intensifiquen la llegada de aviones para cubrir las rutas de cabotaje y la mayor demanda que hoy tenemos".
"Hace poco se autorizó un incremento en las bandas tarifarias, y con una demanda como la que existe, si hubiera más aviones se aumentaría la recaudación", refirió el funcionario.
El análisis del Gobierno comprende, además, la situación del stock de repuestos para los aviones de Aerolíneas, que fuentes gremiales denuncian como insuficientes.
Esta situación estructural vino a complicarse en los últimos días con problemas operativos, de cancelación y/o retrasos en los vuelos, por cuestiones legales de puesta al día de las vacaciones de los pilotos de la compañía.
En octubre último, Marsans firmó una Carta de Intención con el consorcio europeo Airbus para la compra de 61 aviones, que serán operados principalmente por las compañías Air Comet y la propia Aerolíneas.
"Este nuevo encargo se suma al anterior, de 12 A330-200 y lleva a 73 los pedidos de aviones Airbus efectuados por el Grupo Marsans", se indicó.
Marsans indicó que los aviones empezarán a operar en fechas que van desde 2008 hasta 2014. En noviembre del año pasado, el Gobierno avaló la aprobación de la Memoria y Balance 2005 presentado por Interinvest (los dueños españoles de Aerolíneas) y también dejó sin efecto impugnaciones que, en su condición de accionista minoritario, había realizado a los balances 2002, 2003 y 2004.
En la misma oportunidad, la Asamblea de accionistas de Aerolíneas aprobó un aumento de 1,59 a 5 por ciento en la participación accionaria del Estado en la compañía, sin dinero, y la incorporación de dos directores, además de un síndico. Uno de los directores es Raúl Argañaráz y el otro, el sindicalista Ariel Basteiro.
Así las cosas, Interinvest tiene ahora 94,41 por ciento de las acciones, el Estado 5, y el PPP seguirá con 0,59 por ciento. En esta operación, el Estado detenta un poder de veto parcial referido a las decisiones de continuidad o eliminación del servicio en alguna ruta a cargo de la compañía, lo que además logra impedir en el caso de rutas no rentables con subsidios al combustible.
Fuente: DyN.
