La Cámara Federal porteña ratificó la anulación del indulto que había favorecido a José Alfredo Martínez de Hoz, el todopoderoso ministro de Economía de la dictadura militar imputado en una causa por el secuestro de dos empresarios, informaron hoy fuentes judiciales.
La resolución de la Sala II confirmó el fallo que había dictado el juez federal Norberto Oyarbide en la denominada "causa Gutheim", en alusión a dos empresarios textiles que fueron secuestrados supuestamente por orden de Martínez de Hoz para cerrar un intercambio comercial en Hong Kong.
La Cámara reiteró sus argumentos de que los indultos son nulos en el caso de los delitos de lesa humanidad, tal como ya había hecho en los casos del ex dictador Jorge Rafael Videla y del ex ministro del Interior, general retirado Albano Harguindeguy, ambos procesados en la "causa Gutheim".
A los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, padre e hijo, los detuvieron el 5 de noviembre de 1976 por decreto del poder Ejecutivo, mientras Martínez de Hoz intentaba concretar en China un intercambio con empresarios ingleses y del país asiático, en el que los Gutheim no querían participar. Estuvieron detenidos en el Departamento Central de la Policía Federal y en la cárcel de Caseros más de cinco meses y los liberaron el 6 de abril de 1977. En 1985 prestaron testimonio en el histórico Juicio a las Juntas Militares.
En 1988 el entonces juez Martín Irurzun ordenó su detención junto a la de Videla y Harguindeguy, pero la Cámara Federal liberó al ex ministro de Economía por entender que no había elementos de prueba suficientes para respaldar aquella privación de la libertad.
Por eso ahora que la Cámara Federal dejó sin efecto el indulto con que el ex presidente Carlos Menem benefició a Martínez de Hoz, aunque éste no necesariamente será detenido y el juez Oyarbide evaluará si su situación procesal indica esa medida, aseguraron las fuentes.
Martínez de Hoz, de 83 años, vive en el exclusivo edificio Kavanagh, frente a la plaza San Martín del barrio de Retiro.
Ocurre que el mismo juez Oyarbide recibió un pedido de la Subsecretaria de Derechos Humanos de captura inmediata de Martínez de Hoz por el secuestro y desaparición en 1977 de un subordinado suyo en el Ministerio de Economía, el contador José Casariego de Bel.
Casariego del Bel era director de Inversiones Extranjeros y desde ese cargo se opuso a firmar la compra de "Italo Argentina" con fondos públicos. Por ello enseguida empezó a recibir amenazas anónimas de muerte hasta que el 15 de junio de 1977 lo secuestraron y desapareció para siempre. Tenía 54 años y dejó solas a Alicia y María, su esposa e hija.
Luego de quitar del medio a Casariego de Bel, la dictadura militar dispuso que el Estado comprara en 394,5 millones de dólares la "Italo Argentina", pese a que el valor real de la compañía no superaba los 8 millones de dólares, según estableció posteriormente una comisión investigadora.
