El fiscal de la causa por la ruta del dinero K, Guillermo Marijuán, apeló la decisión del juez federal Sebastián Casanello de enviar a Santa Cruz la causa por las supuestas bóvedas que el empresario K Lázaro Báez habría desmantelado en su casa de Río Gallegos.
Casanello consideró que la nueva denuncia de la diputada Elisa Carrió debía tramitarse en la Justicia Federal de Río Gallegos, fuertemente controlada por el kirchnerismo. Sobretodo después que el Senado aprobará el pliego de 17 jueces subrogantes vinculados a funcionarios y legisladores del FpV.
El juez de la causa madre de Lázarogate consideró que las supuestas bóvedas del empresario K no le son competencia por estar fuera del "objeto procesal" del expediente central y porque el operativo para desarmar las supuesta bóveda se registro en Río Gallegos, fuera de su jurisdicción.
Pero Marijuán apeló esa medida y el envío de las fotos que aportó "Lilita" quedó suspendido hasta que se expida la Cámara Federal.
No obstante, Casanello ofreció el plan de protección de testigos a Sergio Manuel Triviño Tecol, empleado de la firma Austral Construcciones sospechado de filtrar las imágenes de la bóveda de Lázaro Báez.
