El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para expresar su postura tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública, alejándose de cualquier intento de acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo. A través de un reposteo en su cuenta de la red social X, validó una comparación salarial directa entre su cargo y las autoridades académicas, denunciando que los rectores perciben ingresos de “hasta $18 millones por mes”, una cifra que contrasta con los $4 millones brutos que cobra el jefe del Poder Ejecutivo.
Según la publicación que reposteó en sus redes, Milei sostuvo que los directivos de las casas de estudio “cobran hasta cuatro veces más que el Presidente”, utilizando este dato para cuestionar la legitimidad del reclamo presupuestario.
A lo largo de la jornada, redobló sus críticas contra la convocatoria del martes, insistiendo en que no respondió a una genuina preocupación académica, sino a intereses estrictamente partidarios de los sectores de la oposición.
En este sentido, para el mandatario, los dirigentes que participaron de la marcha federal están intentando proteger “sus cajas” políticas mediante la manipulación del sentimiento social. Según sus palabras, estos sectores utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de “bandera” o escudo mediático que tiene como objetivo final ocultar sus verdaderas intenciones financieras y mantener estructuras de poder económico dentro de las universidades.
Sobre todo, la cuenta oficial de La Libertad Avanza emitió un comunicado subrayando que la administración nacional cumple rigurosamente con sus obligaciones económicas y que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado. Esta postura busca desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado, un argumento que también fue defendido por la Subsecretaría de Políticas Universitarias liderada por Alejandro “Profe” Álvarez.
El Gobierno minimizó el impacto de la marcha universitaria y ratificó el límite de fondos
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue el encargado de fijar la postura oficial al sostener que la cantidad de manifestantes no altera la realidad económica del país. Así, el funcionario fue tajante al afirmar que se pueden juntar “cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, dejando en claro que el Ejecutivo no planea modificar el límite de fondos disponibles por presión social.
Sobre el marco legal del conflicto, Álvarez cuestionó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, afirmando que para su visión “la ley nació muerta” debido a que viola principios presupuestarios básicos. A partir de lo que explicó, la normativa de ejecución vigente establece que toda ley que sea votada sin indicar explícitamente su fuente de financiamiento debe ser “promulgada y suspendida en el mismo acto”.
Además de ello, la administración nacional puso en duda la legitimidad estrictamente académica de la convocatoria. El subsecretario subrayó que las decisiones de políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad y no “quien junta más gente”, añadiendo que las recientes movilizaciones “no es que están intrusadas por la política, son políticas” y están organizadas por la oposición.
Para el oficialismo, el sistema universitario atraviesa una “desvirtuación completa” donde parte del presupuesto se desvía al pago de estructuras políticas en lugar de centrarse en la formación de graduados.
El Gobierno puso bajo la lupa la eficiencia del gasto y los criterios de ingreso. Álvarez criticó la existencia de carreras con escasos alumnos y altos costos, contrastando que mientras un ingeniero de la UTN le cuesta al Estado 50 millones de pesos, un graduado de la Universidad Nacional de las Artes demanda 423 millones.
El subsecretario de Políticas Universitarias le restó valor a la masiva marcha universitaria
Sumado a eso, el funcionario defendió la necesidad de implementar exámenes de ingreso y debatió el arancelamiento a extranjeros que no residen permanentemente en el país, señalando que la Constitución invita a habitar el suelo argentino pero no a “parasitar el suelo argentino”.
MV
