Con una cruda advertencia sobre el futuro del país y una acusación directa contra la Casa Rosada por quebrar la división de poderes, la comunidad educativa leyó el documento central de la cuarta Marcha Federal Universitaria. En un texto cargado de reclamos urgentes tras "203 días sin aplicar la Ley", las casas de altos estudios denunciaron que el sistema atraviesa una crisis terminal y le exigieron directamente a la Corte Suprema que ponga un freno al ajuste gubernamental. "El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, decidió alzarse contra los otros dos poderes de la República", dispararon.
El corazón de la protesta apuntó al bloqueo de la Ley de Financiamiento Universitario, una postura oficial que, según los manifestantes, rompe con "la regla democrática y constitucional básica". El escrito advirtió que la política de asfixia estatal generó una "reducción inédita de los recursos", graficada en una caída real del 45,6% en las transferencias entre 2023 y el actual 2026. "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", sentenciaron.
El desplome de los ingresos fue otro de los ejes más sensibles que resonó frente a una Plaza de Mayo colmada. El documento expuso que los sueldos universitarios tocaron su nivel más bajo de los últimos 23 años, con una pérdida de poder adquisitivo superior al 37% producto de una inflación que superó el 290% frente a paritarias cerradas unilateralmente. Esta licuación salarial, explicaron, provocó un "deterioro alarmante de las condiciones de trabajo", crisis en las obras sociales y un "preocupante nivel de renuncias de cuadros formados" que no logran cubrir sus necesidades básicas.
A su vez, la declaración alertó sobre un "profundo deterioro" en el sistema de becas, una política vital para garantizar el ingreso y la permanencia en las aulas. Al mantener congelados o desfinanciados programas clave como el Progresar, el Manuel Belgrano o las becas científicas frente a la constante suba de precios, el actual esquema "expulsa estudiantes del sistema universitario, profundiza las desigualdades sociales y pone en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios", detalló el texto.
En cuanto al sostenimiento de la infraestructura y el día a día, los números presentados resultaron igual de lapidarios. Los organizadores de la marcha señalaron que las partidas para gastos de funcionamiento jamás lograron superar el 64% del valor real que ostentaban a principios de 2023. En la práctica, denunciaron que durante los meses que lleva la gestión libertaria "se perdió el equivalente a casi 9 meses de transferencias", lo que imposibilita el pago de servicios y el normal desempeño operativo de las facultades.
Para los manifestantes, el golpe a la educación superior trasciende los muros académicos y se convierte en un ataque directo a la sociedad civil. En la lectura, enfatizaron que la universidad pública funciona como una histórica caja de resonancia de los dolores del país, y remarcaron que asumir la defensa de la educación estatal implica también hacer resonar reclamos por "la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales y la industria nacional".
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El pedido a la Corte y la advertencia sobre el futuro
Ante la negativa del Poder Ejecutivo de acatar la norma sancionada por el Congreso, el documento miró directamente hacia el máximo tribunal del país buscando una salida de emergencia. "Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe, escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo", exigieron las autoridades universitarias, fundamentando su reclamo en el carácter alimentario de los sueldos y la obligación estatal de garantizar la educación.
El comunicado subrayó además el rol irremplazable de la ciencia y la tecnología pública como motores de la economía nacional. Los rectores advirtieron que desfinanciar la investigación significa destruir recursos estratégicos necesarios para generar empleo con derechos, competir a nivel global y agregar valor a la materia prima. "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", sostuvieron.
A modo de balance, el texto reivindicó a la educación pública, gratuita y federal como "un valioso logro de muchas generaciones" y el principal "instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente". En ese sentido, dejaron en claro que atentar contra este sistema lesiona directamente las condiciones de igualdad, apaga el lugar que aloja la esperanza y "hace posible los sueños de miles de jóvenes".
El cierre del acto central fue un contundente llamado a la resistencia para evitar la fuga de cerebros y el colapso de las instituciones. Con un mensaje dirigido a toda la ciudadanía, alertaron que si se permite que docentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema, "el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño". La declaración culminó con una arenga que hizo vibrar a la multitud en Plaza de Mayo: "Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!".
TC
