El Gobierno de Maurice Closs tiene preparado otro decreto para pagar otros 830 mil pesos por contratación directa a Héctor Osvaldo Rossi por “publicidad institucional” para cubrir “los gastos que demanden los servicios de reproducción en YouTube, clicks en anuncios de Google y el costo operativo del proyecto”.
El diario de Misiones Primera Edición accedió a una copia de este decreto, que tiene el número 842 y la fecha 4 de agosto, pero que todavía no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia. Lleva la firma del ministro de Turismo, Horacio Blodek, y la del secretario de Legal y Técnica, Marcelo Syniuk.
La semana pasada estalló el escándalo por otro decreto, el número 766 del 29 de julio (cinco días antes), por la contratación directa del mismo “proveedor” al que se le pagó 830 mil pesos de la siguiente forma: $387.200 por “200 mil fans en Facebook” y otros $ 363 mil para obtener “200 mil clicks en anuncios en Google”.
Para este “dedicado y esforzado” trabajo para cubrir los “gastos operativos”, Closs decidió pagar otros $79.800 más. El nuevo decreto revela que el primer pago no fue una acción única sino que están previstos otros desembolsos para este insólito servicio.
El nuevo decreto 842 indica que “a foja 2 del expediente de referencia obra el pedido de autorización a la Comisión de Contención del Gasto Público, para iniciar trámites correspondientes a efectos de contratar los servicios del proveedor Rossi Héctor Osvaldo, para publicidad institucional, a efectos de cubrir gastos que demanden, los servicios de reproducción en YouTube, clicks en anuncios de Google y el costo operativo del proyecto”.
Agrega en este caso que “la propuesta se focalizará en los destinos atractivos turísticos de la provincia, información de valor e interés, promocionando el sitio de Experiencia Misiones”.
Para la contratación corresponde “encuadrar el procedimiento en el artículo 85 inciso h de la ley VII Nº 11 y el decreto Nº 1301/10”, los cuales le permiten contrataciones directas por montos millonarios en casos excepcionales. Y el último argumento es que “se cuenta con crédito en la partida presupuestaria correspondiente y con la autorización de la Comisión de Contención del Gasto Público”.