La Justicia le puso un fuerte freno a la reforma judicial K. Hoy dos jueces federales ordenaron al Gobierno que suspenda las elecciones de los consejeros de la Magistratura en las primarias de agosto, por considerar que la nueva ley podría violar la Constitución, así como declararon la "inconstitucionalidad parcial" de la ley de medidas cautelares contra el Estado nacional.
Los jueces Alfredo López, de Mar del Plata, y Martín Alberto Martínez, de San Nicolás, dictaron sendas medidas que frenaron la elección de los consejeros, prevista para el 11 de agosto, y la nueva integración del Consejo, mientras el Gobierno anunció que apelará las resoluciones.
El diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel, exmiembro del Consejo, adelantó que el Gobierno apelará los fallos y calificó a los magistrados López y Martínez como "la corporación judicial".
"Vamos a seguir con todas y cada una de las medidas necesarias para defender la reforma judicial", anticipó el legislador Carlos Kunkel. El diputado agregó que "aquí hay dos alternativas: o gobiernan los tres poderes del Estado y se respetan en sus funciones específicas, o un poder pretende estar por encima de la ciudadanía y sus representantes, que es lo que está pasando con algunos sectores del corporación judicial".
Según trascendió en las últimas días, la Presidenta convocaría la semana próxima a su ministro de Justicia, Julio Alak, y diputados y senadores para retomar el proyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial, que todavía espera ser debatida en Comisiones, para exhibirlo como un nuevo "triunfo social", si la "primera" reforma judicial termina en la Corte Suprema, tal como se prevé.
La reforma del Código Civil ya fue debatida en 2012 en los ámbitos judiciales, académico. La Corte Suprema se mostró en favor de ella, incluso antes de que el máximo tribunal se enfrentara con la Rosada. Ahora, el kirchnerismo sólo tiene que aprobarla en el Congreso con sus mayorías.
Consejo y cautelares, suspendidas. Para el juez Martín Martínez, la ley del Consejo de la Magistratura "refleja una hegemonía política que contraría el espíritu de la Constitución Nacional". Por su parte, López consideró que "afectaría el equilibrio y representación previstos" en la Carta Magna.
Las leyes ahora frenadas son dos de las seis normas sancionadas por el Congreso para impulsar lo que el oficialismo llamó "la democratización de la Justicia", criticada por entidades de jueces, abogados, ONG's y partidos políticos.
López hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Colegio de Abogados de Mar del Plata, mientras que Martínez hizo lo propio con las acciones iniciadas en su juzgado por Ricardo De Felipe, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), y por el Colegio de Abogados de San Nicolás.
Para Martínez, la ley "rompe el equilibrio exigido por la Constitución" para integrar el Consejo, lo mismo con el procedimiento de elección de sus integrantes y el quórum para resolver, lo que "refleja una hegemonía política que contraría el espíritu de la Constitución Nacional".
"El esquema de la ley cuestionada no sólo atenta contra el equilibrio exigido constitucionalmente, sino que también obliga al abogado matriculado -potencial miembro del Consejo- a abandonar el ámbito de su colegiación e incorporarse a un determinado partido político, con lo que también se aprecia que el mentado equilibrio entre lo político y otros estamentos no políticos queda frustrado", sostuvo el magistrado.
López, por su lado, sustuvo que la ley "afectaría el equilibrio y representación previstos", por lo que una norma provisoria que suspenda los comicios "no afecta el interés público sino que lo resguarda, máxime el peligro en la demora que implicaría acceder tardíamente a la pretensión del accionante, en virtud de la oportunidad de la convocatoria electoral".
Los magistrados también declararon inconstitucionales varios artículos de la ley de cautelares que, por ejemplo, fijaba que debía darse traslado al Estado antes de que el juez la resuelva. Para López, los artículos de la norma "afectan gravemente el principio de tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y división de poderes vulnerando de forma palmaria los arts. 14, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional".
Cumbre K. A todo esto, la principal defensora de las nuevas leyes para el Poder Judicial, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que su espacio, Justicia Legítima, "está creciendo en todo el país. "Hoy somos un gran espacio que trabaja en beneficio de los ciudadanos", remarcó, al realizar en La Plata la presentación formal de la organización como una "asociación civil sin fines de lucro".
Acompañada por el exjuez español Baltasar Garzón, Gils Carbó señaló: "Somos testigos de una campaña contra la Constitución”. “Cuando quieren atacar al Ministerio Público, están atacando a la Constitución y entregándola al crimen organizado”, agregó.
En tanto, Garzón aseguró que apoya la reforma judicial argentina por considerarla una iniciativa “necesaria” y dijo que “debe ser el comienzo de una profundización democrática de la Justicia, que debe estar de cara a los ciudadanos”.
