El Gobierno apuesta al temor a la cárcel para negociar con sindicalistas díscolos

“La mayoría entró en pánico con el caso (Marcelo) Balcedo, están asustados porque sus gremios están flojos de papeles también y por ahora no les tocó”. La cruda descripción de uno de los funcionarios con mayor influencia en las decisiones de política sindical permite entender cómo el Gobierno comenzó a reunir voluntades para aprobar, en febrero, la Ley de reforma laboral bajo un método de seducción y presión con los tribunales como telón de fondo.

En ese contexto, el oficialismo cree que el escenario con sindicalistas detenidos abrió una posibilidad para discutir la reforma. “Vemos una clara división entre aquéllos que vienen jugando bien y los que no, y los vemos sacando su tajada política”, describe una fuente de acceso al despacho del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Esto explica, según la mirada oficial, los problemas que tuvo la conducción de la CGT durante dos años, las divisiones internas, las dudas de muchos de sus integrantes y las grietas que aparecen en el seno de la central obrera.

En este marco, en el oficialismo ya hablan de aquellos “seducidos” que mantienen línea directa con la Casa Rosada, en especial con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. También, tallan allí Guillermo Dietrich (Transporte), Andrés Ibarra (negocia con estatales) y Alejandro Finocchiaro (batalla con los gremios docentes vinculados al kirchnerismo). La clave de esos apoyos es que la reforma laboral pueda arrancar con mayor consenso que la Ley previsional, que produjo muchos dolores de cabeza.

En este escenario los sindicatos vinculados a la energía (la tríada que conforman Oscar Mangone, del gas; Antonio Cassia, de la Federación de los Sindicatos Petroleros y Guillermo Pereyra), así como los beneficiados por la obra pública (José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, como Gerardo Martínez, de la construcción) son hoy aliados.

Los transportistas también: Roberto Fernández, de la UTA (quien se negó a sumarse al paro por la Ley previsional) como el movedizo Omar Maturano (Maquinistas, quien sueña con llegar al triunvirato de la CGT) no causan chispas.

UPCN, el gremio estatal por excelencia, tiene en su conductor un hombre que creció a comienzos de 2000 en una alianza con el entonces Compromiso por el Cambio (partido antecesor del PRO). De hecho el “centauro” Rodríguez recibe bromas varias sobre su pasado “macrista”. Hoy dialoga cotidianamente con Ibarra.

Otros gremios, siempre oficialistas, no chistan: es más, le aseguraron a Triaca que están de acuerdo con debatir la reforma. Entre ellos, Héctor Daer (CGT y Sanidad), el eterno Armando Cavalieri (Comercio), Rodolfo Pignanelli (Smata), Antonio Caló (UOM) y Omar Viviani (Taxistas).
  
Con ellos, el oficialismo pretende darle un marco de consenso a la reforma, que ya ingresó al Senado.

Entre los sindicalistas, un caso aparte es el de Juan Carlos Schmid, moyanista del pequeño sindicato de Dragado y Balizamiento. A pesar de su perfil opositor y combativo sus afiliados no olvidan que fue el gobierno macrista el que le aprobó la conformación de su obra social.

Del otro lado están los gremios netamente opositores. De ellos, el oficialismo solo espera que se diluya su capacidad de movilización si es que, como pretende, hay consenso para la reforma. Allí aparece un sector del moyanismo, encabezado por Pablo Moyano, junto al bancario Sergio Palazzo y los gremios docentes relacionados con el kirchnerismo, Roberto Baradel a la cabeza. Hoy las cuentas de la obra social de Camioneros están en la mira; mientras que en Educación examinan si se mantiene un “plus especial” que reciben los gremios docentes tras el cierre de cada paritaria. En este grupo aparecen las dos CTA y también un sector de la UOM.

Así, el mapa sindical viene agitado. La prisión domiciliaria de Omar “El Caballo” Suárez despertó cierto relax sobre el futuro. Sin embargo, el caso Balcedo volvió a preocupar. Es más, en la Gobernación bonaerense atesoran chats y audios del sindicalista del Soeme extorsionando funcionarios a cambio de una millonaria deuda de pauta publicitaria para sus medios de comunicación. 

Otro tema clave, como publicó Clarín, es el que lleva la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien armó un decreto que obliga a los sindicalistas que forman parte de los directorios de las obras sociales a presentar sus declaraciones juradas. Tuvo el visto bueno del propio Triaca, y podría ver la luz en un par de semanas. Por ello, hay mucho movimiento en la Superintendencia de Servicios de Salud para reorganizar los sistemas de control para DDJJ. Duro trabajo para el ex jugador de fútbol del ascenso, Sebastián Neuspiller, el médico obstetra y goleador de Fénix que se sumó como segundo del área hace escasos meses.