El Gobierno habría iniciado negociaciones con el juez federal Norberto Oyarbide para acordar su renuncia al cargo, tras el costo político que generaron al Ejecutivo los últimos escándalos protagonizados por el magistrado. Así lo aseguraron tres fuentes gubernamentales a PERFIL.
En el entorno del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, se estudia el apartamiento de Oyarbide a través del beneficio jubilatorio para evitar someterlo a un proceso ante el Consejo de la Magistratura y un posible juicio político en el Senado.
La propuesta concreta sería jubilarse. El juez ya tiene aprobado el trámite ante la Anses y podría retirarse en cuanto lo decida. El magistrado se habría comprometido a analizarlo e incluso ya se lo habría comunicado a sus más cercanos. Piensa en un posible viaje por el extranjero si se decide a renunciar.
Oyarbide inició su trámite jubilatorio hace más de un año y medio ante ANSES, pero al tratarse de un trámite especial, el beneficio primero debe ser otorgado, luego se notifica a la Magistratura y el proceso jubilatorio se activa con la renuncia del juez.
En el seno de la Casa Rosada analizan que Oyarbide está tan desprestigiado que ya “no les sirve como juez, porque lo que resuelva será cuestionado y en las Cámaras tanto la Federal como la de Casación, órganos superiores, costará aprobar sus resoluciones. A los fiscales les resultará muy difícil no apelarlas o cuestionarlas”, aseguran.
El jueves, los consejeros radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla impulsaron ante la Magistratura el proceso de jury contra Oyarbide por cargos que la Cámara de Diputados ya había aprobado en 1998 en el juicio anterior contra el magistrado por haber supuestamente protegido una red de prostíbulos, por lo que aún no fue absuelto.
Luego de esta presentación, la sesión se levantó. Para el senador Mario Cimadevilla habría pruebas suficientes para elevar la causa ante el Tribunal de Enjuiciamiento así como por la causa del costoso anillo de brillantes por el que lo investigan por supuesto enriquecimiento ilícito.
Además, ayer se dio a conocer la declaración jurada de Oyarbide correspondiente al período 2012 en la que sólo declara un departamento en Recoleta de 77 metros cuadrados y una parcela en el cementerio privado Jardín de Paz.
En tanto, el consejero abogado Daniel Ostropolsky realizó hace dos semanas el pedido de indagatoria para Oyarbide por el caso de la financiera Propyme. El expediente está en la Comisión de Disciplina y Acusación, donde el kirchnerismo tiene mayoría.
Oyarbide reconoció que en esa causa, que terminó con un escándalo de supuesto pedido de coima de los policías que dirigían el allanamiento a Propyme, el número dos de Carlos Zannini, Carlos Emilio Liuzzi, lo llamó para avisarle que estaban allanando a un amigo suyo y pidiendo coima en su nombre. Ante el llamado del funcionario, el juez hizo parar el procedimiento por teléfono, no envió personal de su juzgado ni se presentó en el lugar de los hechos. Los policías y su secretario y mano derecha están siendo investigados por ese hecho.
