El Gobierno, entre la espada y la pared por las Cataratas

El anuncio de que el Parque Nacional Iguazú pasará de manos nacionales a provinciales sigue dando coletazos. La Administración de Parques Nacionales piensa llevar el tema a la Corte Suprema, los trabajadores están enfurecidos con el gobierno kirchnerista de Misiones y crecen las suspicacias sobre los motivos que llevaron al gobernador Maurice Closs, quien podría ser parte interesada dados sus vínculos con la industria turística, a impulsar la medida que fue aprobada por unanimidad en la legislatura provincial.

La primera batalla entre el el gobierno de Closs y Parques Naciones parece haberla ganado el kirchnerista, cuando su legislatura aprobó en octubre último la creación del “Parque Provincial del Río Iguazú”. Con esa norma, el manejo de las aguas del río que atraviesa el parque nacional pasa a manos de la provincia, que podrá embarcarse en emprendimientos turísticos y comerciales en la zona sin el aval de la Administración de Parques Nacionales.

Sin embargo, desde la administración de Parques, harán llegar el conflicto a la Corte Suprema de Justicia. El presidente de Parques, el ingeniero Héctor Mario Espina, habló con Perfil.com y aseguró que “abogados constitucionalistas están realizando el estudio correspondiente sobre el tema. De acuerdo a los resultados, evaluaremos la posibilidad de presentarnos ante la Corte".

Según Espina, la nueva ley -impulsada por el ex gobernador misionero y actual presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira- implica “la intención de controlar el recurso hídrico para en el futuro manejar las rentas que pueda generar”. El millón de visitantes que ingresa al parque anualmente convierte a las Cataratas en uno de los mercados turísticos más codiciado del país, como bien sabe el actual gobernador, vinculado al sector.

Los vínculos de Maurice Closs con la industria del turismo y con la empresa concesionaria de las cataratas (la UTE) despiertan sospechas entre los trabajadores del parque, quienes expresaron su rechazo a la ley de provincializacion. En un comunicado publicado en el diario “La voz de Cataratas”, los trabajadores declararon “persona no grata” al Gobernador “por la manifiesta mala intención de sus declaraciones difundidas por todos los medios de comunicación, y por tratarse de uno de los tantos referentes de los monopolios de negocios turísticos que han acumulado bienes y riqueza a partir de sus negocios en la política.”

Al ser consultado por los medios locales, Closs disparó: “Los que están preocupados, son los que se preocupan por el negocio. A mí no me van a correr con guacha de trapo”. La polémica, recién comienza.

Con la posibilidad de una presentación judicial por parte de Parques, aparece una pregunta inevitable: ¿Qué posición tomará el Gobierno nacional? Porque de un lado tendrá a una dependencia nacional como es Parques y por el otro lado un firme aliado del kirchnerismo, como es Closs. Por ahora en Parques, no quieren hablar de las ramificaciones políticas del tema. Prefieren dedicarse a pleno a defender lo que consideran suyo.

(*) Redactora de Perfil.com