El Gobierno estatizó hoy mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el ferrocarril Belgrano Cargas, para lo que dispuso crear una sociedad anónima que estará manejada por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
A través del decreto 566/2013 publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada creó la empresa Belgrano Cargas y Logística SA para el manejo del ramal que había sido intervenido en octubre pasado y que, en los primeros nueve meses de 2012, había recibido 2.056,2 millones de pesos en subsidios, informó DyN.
En el ramal, que tiene 7.347 kilómetros de vías, de los cuales unos 5.052 están operativos, confluían los intereses de empresarios argentinos como Franco Macri, Benito Roggio y Gabriel Romero, pero también del gobierno chino.
El primer ministro chino, Wen Jiabao, prometió en junio pasado inversiones por 11.430 millones de dólares para tratar de reactivarlo.
El DNU de estatización, con 22 artículos, fue firmado por la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, y los trece ministros del Gobierno.
El nuevo emprendimiento estará compuesto por varias sociedades estatales, enumeradas en el artículo 2º: la Administración de Infraestructura Ferroviarias, la Sociedad Operadora Ferroviaria y por la Administración General de Puertos.
"La rehabilitación del Ferrocarril General Belgrano es una herramienta central para alcanzar objetivos de política económica general y en particular para el desarrollo regional, a través del aumento de la capacidad total del sistema nacional de transporte de cargas", indicó la norma en sus considerandos.
Allí, se destacó su importancia para "la conexión entre los centros de producción con los puertos y los centros de acopio y consumo, resultando éste un factor clave en el desempeño y crecimiento de las economías provinciales para la colocación de sus productos".
El decreto estableció que la nueva sociedad anónima se hará cargo de los talleres de Tafí Viejo, en Tucumán, para ponerlos al servicio del ferrocarril.
Cuando se lo intervino, en octubre pasado, se había hecho hincapié en la ley 26.352 de reordenamiento ferroviario, de la que se dijo que "constituye una manifestación más de la política propuesta por el Estado Nacional para recuperar y desarrollar la infraestructura ferroviaria".
