Tras el fracaso de la "Operación Duhalde" que intentó montar el Gobierno para salpicar al ex Presidente en el crimen de Mariano Ferreyra, el oficialismo parece reorganizarse mediáticamente y apuntar las acusaciones en otro sentido.
Tanto la Presidenta de la Nación cómo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, avanzaron sobre los empleados ferroviarios de las empresas tercerizadas de la línea Roca y los acusaron de "utilizar irresponsablemente" la muerte del militante del Partido Obrero.
Las principales fuerzas de la oposición apoyaron la manifestación de ayer y acusaron al Gobierno de amparar a grupos de choque del sindicalismo. En la marcha se insistió en que hubo una "zona liberada" por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la estación Hipólito Yrigoyen del Ferrocarril Roca, en Barracas, donde además de Ferreyra también resultaron heridos de bala otros dos militantes del PO: Elsa Rodríguez, que permanece grave, y Nelson Aguirre, que asistió a la manifestación en silla de ruedas.
Varios integrantes del grupo de la Unión Ferroviaria que agredieron a los manifestantes del Partido Obrero y de la Asamblea de Trabajadores Tercerizados del ex Ferrocarril Roca ya fueron identificados por la Justicia, pero aún no hay detenidos.
El Gobierno ayer insistió en la teoría del complot y evitó responsabilizar a Pedraza. "Hay algunos que hace mucho tiempo que buscan a un muerto en la Argentina", lanzó la Presidenta en su cuenta en Twitter.
Con la misma metodología, continuó hoy con sus mensajes en la red social, en los que tampoco vinculó al líder de la Unión Ferroviaria, cuyo gremio es sindicado como responsable de los incidentes. Incluso, según publicó Clarín, el propio Pedraza no descartó que gente de su gremio haya disparado. Pero esta posibilidad es omitida en el discurso K.
"Acabo de leer en Diario Popular declaraciones de la Fiscal en la causa de Mariano Ferreyra. Están utilizando la muerte de Mariano para que los reincorporen", citó Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter esta mañana. "Contó que unos privilegiaron la asistencia a la marcha y otros las entrevistas con autoridades para que cesanteados fueran reincorporados", agregó.
Sobre la base de declaraciones de la fiscal de la causa, Cristina Caamaño, la Presidenta escribió, con mayúsculas, que "no se puede creer" que compañeros del joven muerto se nieguen a "declarar ante la justicia y demoren la entrega de videos y fotos", y prefieran negociar su reincorporación laboral.
La jefa de Estado aseguró además que hay "esperanza de Justicia" en el caso, y dijo tener la certeza de que "el viejo país de la impunidad no vencerá". "Esta Argentina de un presente de memoria, verdad y justicia que estamos construyendo, es el futuro que llegó. No lo dejaremos ir", pidió la mandataria.
Además, la Presidenta destacó que en la noche del jueves recibió "la visita de Madres de Plaza de Mayo, agrupaciones juveniles, organizaciones sociales", que le entregaron una "nota de consternación y enérgico repudio por los hechos del día 20", en la que, asimismo, le ratificaron su "fuerte compromiso democrático y apoyo a políticas no represivas".
Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, acusó hoy a los empleados ferroviarios de las empresas tercerizadas de la línea Roca de "utilizar irresponsablemente" el crimen de Ferreyra, al sostener que los trabajadores "dijeron" que no efectuarán declaraciones ante la Justicia "hasta resolver" el conflicto laboral.
Sin embargo, admitió que la tercerización en la contratación de personal "muchas veces se utiliza para evadir leyes y convenios" y reconoció que "es evidente que hay que buscarle una solución" a este modo de empleo, al tiempo que calificó como "irreparable" la muerte del militante del Partido Obrero (PO) y enfatizó que "es imprescindible que aparezcan los culpables".
"Ellos (por los trabajadores) no pueden utilizar irresponsablemente esto: dijeron que no iban a hacer declaraciones ante la fiscal (Cristina Caamaño) antes de que se dirima este tema (laboral)", manifestó Tomada en declaraciones a radio Continental.
Desde hace varios meses, los trabajadores exigen la reincorporación de 117 personas despedidas y su posterior pase a planta permanente de la empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) junto a los empleados tercerizados. El reclamo, que incluyó bloqueos de vías férreas y enfrentamientos con afiliados a la Unión Ferroviaria, derivó el miércoles en el crimen de Ferreyra, repudiado ayer con una masiva protesta en Plaza de Mayo.
